Jorge Masetti, en su libro El furor y el delirio - Itinerario de un hijo de la Revolución Cubana, Tusquets Editores, 1999, pág. 275.
"La primera ley de la historia es no atreverse a mentir; la segunda, no temer decir la verdad".
Asiste la sociedad argentina a la instalación de una irritante paradoja: uno de los dos grandes combatientes de los años setenta, la organización terrorista Montoneros, que pareció entonces derrotada, ocupa hoy posiciones en ámbitos gubernamentales y legislativos, tanto nacional como provinciales y municipales, y otro de ellos, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, que venció en esa guerra, aparece hoy espiritualmente disminuido y en franca defensiva.
A través de una “estrategia sin tiempo”, es decir de objetivos no relacionados con el tiempo sino permanentes y que están por encima de cualquier circunstancia del conflicto planteado, sectores ideológicos residuales de las antiguas organizaciones terroristas, a los que todavía mueve su nostalgia y espíritu de revancha, apoyados por intemperantes organizaciones próximas que se muestran como “únicas tutelares de los derechos humanos”, continúan aquella guerra por todos los medios posibles. Su fin es transformar su derrota militar en éxito político, sin renunciar a su objetivo de otrora –adueñarse del poder total del Estado– sólo que cambiando la estrategia.
Es así como comenzaron a principios de los años 80 una tenaz e ininterrumpida campaña de desprestigio y destrucción de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, causantes de su fracaso en aquella aventura, así como de distorsión y ocultación de parte de lo acontecido en esos años, haciéndolas únicas responsables de una cruenta e indiscriminada agresión que ellos habían iniciado y cuyas acciones más virulentas y sangrientas fueron, contradictoriamente, realizadas en períodos de gobiernos constitucionales, legalmente elegidos por la población.
En un proceso progresivo y constante, silencioso al inicio y estrepitoso en los últimos años, pero siempre impulsado por el odio, el rencor y la venganza, esas organizaciones han utilizado con pertinaz intensidad medios de prensa afines, particularmente orientados hacia las generaciones más jóvenes, para lograr que hechos de enorme importancia se eclipsen de la historia, no de la memoria colectiva pero sí de la memoria pública. El resultado ha sido una malversación de nuestra historia reciente, que no sólo echa un manto de silencio y distorsión sobre parte de una época en la que los terroristas instalaron una violencia nunca vista en nuestro país, sino que ha logrado, hasta ahora, silenciar las voces de condena sobre sus aberrantes crímenes.
Que lo consigan finalmente o no depende de los esfuerzos que la sociedad sana y responsable haga para sincerar la historia completa transcurrida desde el primer atentado terrorista, el 12 de marzo de 1960 (presidencia del Dr. Arturo Frondizi), que terminó con la vida de la niña Guillermina Cabrera, de 3 años, dejando herido a un hermano de 6, hijos del teniente coronel Cabrera. No podemos, no debemos permitir que esos sectores se hagan de la propiedad intelectual y moral de esa etapa histórica reciente.
La historia de una Nación, la reconstrucción de sus hechos, sólo se puede construir sobre la verdad total y no sobre una parte de ella. La parcialización de la realidad es siempre destructora e impide elaborar, en más de un aspecto, el panorama de una visión valedera y estable de esa historia. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias, decía Cicerón.
Ninguna sociedad puede aceptar, al menos para siempre, que un pasado adulterado sobre la base de una verdad amordazada sea la razón de su presente y su futuro. Para probar la veracidad de esa distorsión es que, a lo largo de estas reflexiones, iremos apelando en forma recurrente, tanto a los considerandos de la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el 9 de diciembre de 1985 en la Causa 13/85, como a citas de los propios terroristas, citas que se podrían reproducir hasta el infinito.
Pero... ¿cómo ocurrió esta malversación que hoy afecta la memoria de los argentinos?
LAS TÉCNICAS DE DESINFORMACIÓN TAN ANTIGUAS COMO SUN TZU
Nuestro tiempo, que bien puede ser llamado de las comunicaciones y de la información, también ha dado nacimiento a las “técnicas de desinformación”. Muchas veces hemos escuchado o leído el término “desinformación” sin que nos quede una idea concreta de su significado, pero una definición específica a la que podemos recurrir sería... un procedimiento que consiste en comunicar un mensaje falso o incompleto, con la finalidad de inducir a error en la opinión pública o en la adopción de resoluciones. Los avances puestos al servicio del hombre para mantenerlo comunicado e informado han obligado a los interesados en ocultar determinados hechos a especializarse en técnicas destinadas a contrarrestar lo que aquellos adelantos producen.
Generalmente utilizadas por motivos políticos o ideológicos, las campañas de desinformación, cuyo origen tan antiguo puede ya encontrarse en El arte de la Guerra de Sun Tzu (siglo VI a.C.), conducen a una distorsión de la realidad en cualquier ámbito en que se las aplique. La desinformación emplea un sinnúmero de variadas técnicas de distinta naturaleza, tanto abiertas como encubiertas, dirigidas a diversos objetivos pero todas apuntadas a lograr ese mismo fin. Lo hace mediante el manipuleo ideológico de la información a través de la diseminación de mentiras, rumores, falsas informaciones o del escamoteo de parte de ellas para cambiarles el sentido.
Lo forja también con la generación de confabulaciones e intrigas políticas, así como a través de operaciones sobre los medios de comunicación social y sectores de opinión pública, incluidos en sus planes de acción psicológica.
Reflexionando Julián Marías sobre la mentira como herramienta de la desinformación en la guerra civil española, decía: "No se mide el inmenso poder destructor de la mentira, sobre la que nada se puede edificar, mientras que la verdad es coherente, consistente, la tierra firme sobre la que se puede caminar, por dura y lamentable que sea. No hay que intentar contentar a los que no se van a contentar [...] Son incapaces de enterarse los que no quieren enterarse, y así se arrastran las falsedades, con la consecuencia de que se transmiten a generaciones más jóvenes, que no han vivido los sucesos, los dichos y los hechos, y están inermes frente a la falsificación. Los que vivieron otros tiempos pueden intentar engañar a los demás y hasta a sí mismos, pero saben que lo están haciendo. Los que han venido después reciben versiones fraudulentas del tiempo pasado, todavía reciente, y quedan afectados por ello". (1) Parece escrito para la Argentina de hoy.
AHORA CON ANTONIO GRAMSCI
Desde antes de los años 70, las diversas organizaciones terroristas siguieron en la Argentina una maniobra leninista: conquistar el poder mediante la violencia dentro del marco de la Guerra Fría, utilizando la estrategia, los métodos y los procedimientos de la “guerra revolucionaria” concebida por el marxismo–leninismo. Decía al respecto la Cámara Federal en su sentencia de la Causa 13, en diciembre de 1985:
El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas [...] Sobre esta idea concuerdan todos los informes técnicos requeridos por el Tribunal y se encuentra también plasmada en las publicaciones originadas en esas bandas […]. (2)
Y en ese sentido, fracasaron. Pero volvieron desde los inicios de los 80 a buscar el poder de la mano política, ideológica y estratégica de Gramsci (3), diseñando una maniobra cultural al estilo del Gran Hermano de George Orwell: imponer una engañosa memoria de los años 70 en las nuevas generaciones que no los vivieron, a través de una perseverante campaña de desinformación, desde dentro y desde fuera del país, propalando falsedades o verdades parciales en beneficio de una interpretación sesgada, tendenciosa, fragmentada y fraudulenta de ese trágico pasado, lo cual impide, por supuesto, toda comprensión de la auténtica realidad y oculta la barbarie terrorista.
Decididos a continuar la guerra perdida por otros medios, los ex terroristas y las seudoorganizaciones “de derechos humanos”, solventados entre otras formas con importantes recursos financieros internacionales, han empleado tácticas sistemáticas, dinámicas e integradas –secuencial o simultáneamente con otras acciones– así como procedimientos planificados, dirigidos y controlados por su nivel estratégico, para elevar a los cultores del terrorismo a la condición de héroes de una cruzada popular y denigrar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales en el ámbito de la opinión nacional e internacional.
Pretenden a la vez encubrir que, ya en los años 60 y con mayor gravedad en la primera mitad de los 70, organizaciones terroristas, deliberadamente armadas y autodenominadas “ejércitos”, desarrollaban en nuestro país una guerra sin motivos valederos para hacerlo. Insisten en concentrar todas las culpas sobre el sector militar y ocultar, en cambio, las gravísimas responsabilidades de los terroristas subversivos, así como de los políticos, periodistas y educadores que, con su acción u omisión, coadyuvaron a difundir el imperio o la pedagogía de la violencia y a generar la crisis de los 70. El mundo, en virtud de estos procedimientos, no pudo conocer la realidad de la profundidad, gravedad y peligrosidad, en síntesis, la realidad de la subversión en la Argentina de los años 70 al 75, decía el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). (4) Y expresaba la Cámara en uno de sus considerandos:
Es manifiestamente claro que ni el Estado ni la sociedad provocaron de manera suficiente la agresión subversiva. Ello es un hecho notorio que se desprende de la circunstancia de que la subversión terrorista en momento alguno señaló la existencia de situaciones sociales o políticas de tal entidad, que pudieran determinar su actividad disolvente. Parece útil resaltar que ni Estado ni sociedad son conceptualmente gobierno y que tales acciones tuvieron lugar tanto en épocas en que los destinos de la Nación eran regidos por gobiernos de jure como de facto. (2)
Esos grupos extremistas y dogmáticos, con medidas activas potenciadas por una profunda penetración e influencia en una amplia gama de medios de comunicación social, así como a través de debates ideológicamente orientados en escuelas, universidades y foros de distinto tipo, han logrado modificar los canales de percepción de la situación establecidos entre la realidad y el sujeto individual o masivo que la recibe, para generar una apreciación distorsionada de la violencia por ellos iniciada y de su posterior represión. Sus blancos: las elites de gobierno, las cúpulas de conducción sectorial y otras estructuras de gerenciamiento con importante capacidad de decisión o influencia, como también todos los públicos que pudieran alinear –tanto nacionales como extranjeros – para inducirlos a adoptar conductas y acciones favorables a sus propios planes e intereses.
La desinformación, abusando del anacronismo, es decir de analizar el pasado con los ojos del presente, recurre siempre con persistente obstinación a vocablos, frases o mitos de alto contenido emocional, repetidos para impactar e instalarlos en la mente y el ánimo del público a quien van dirigidos. El caso que nos ocupa no fue una excepción: han volcado todos los esfuerzos posibles tanto para hostilizar, desprestigiar, quebrantar moralmente y desquiciar a las instituciones que pudieran ser polos de resistencia –entre otras, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales–, como para debilitar los sistemas y normas de convivencia legales y republicanas, desviando al mismo tiempo la atención pública para tratar de obtener condenas bajo una visión hemipléjica de la historia, cuya pertinaz reiteración dificulte examinar razones, contenido e información verdadera.
EL IMPLANTE DE MITOS
Esa minoría ideologizada e intolerante, que con sus recurrentes manifestaciones públicas exacerban los ánimos y procuran mantener encendida la llama del odio y la violencia entre los argentinos, ha tratado de imponer mediante ruidosos anuncios con los que trata de narcotizar día a día a la gente, la falaz idea de que las acciones de las organizaciones terroristas constituyeron delitos comunes y que el Estado las combatió con procedimientos ilegales. Esas operaciones son realizadas tanto por agentes orgánicos, personas de confianza que colaboran conscientemente, como también por colaboradores involuntarios que no toman conciencia del significado de su actividad ni llegan a saber que son manipulados.
Para ello acuñaron y “plantaron” vocablos y conceptos –verdaderas ficciones– como “jóvenes idealistas”, “genocidio”, “30.000 desaparecidos”, “lo ocurrido en el país, en esos años no fue una guerra”, “terrorismo de Estado” y “obediencia debida”, entre otros, bregando al mismo tiempo por idealizar la “romántica” imagen de Ernesto Guevara y los postulados de Fidel Castro como “reivindicadores de las masas oprimidas”, que ingenuamente “compran” los universitarios latinoamericanos. Hacía falta implantar mitos emocionales y en parte lo han logrado, utilizando la palabra para disfrazar el propio pensamiento y manipular los mensajes. El principal fundamento de su propaganda es mentir para hacer dudar. Vivimos así, como diría Saramago, en una situación de verdad secuestrada.
Pero, en verdad, sin la colaboración de la sociedad esto no hubiera sido posible. Hoy da la impresión de que, en los llamados “años de plomo”, la sociedad estaba como al margen, como que el problema era de otros, pareciendo haber encontrado su comodidad en una fuga permanente de la verdad, como si esa verdad le angustiara.
Si bien es cierto que se vio sumergida en una crisis muy profunda, eligió para salir el peor camino: el de la indiferencia.
Como salvando esas grandes cosas de las cuales no nos queremos sentir responsables.
Nos hemos encontrado así con un progresivo incremento en la cantidad de asombrados, distraídos, desentendidos u olvidadizos, que evaden el recuerdo de haber vivido el miedo y haber sentido de cerca el terror, que clamaban por una intervención armada ya en 1974. Decía Marías en otra oportunidad refiriéndose también a la mentira: Es preocupante la general pasividad con que se acogen esas mentiras. Algunos, llevados por la fuerza de la propaganda, no las advierten, se podría decir que la aceptan; otros sienten cierto malestar, una impresión de que “no es eso”, pero carecen de toda reacción propia. Esto hace que se produzca una amplísima impunidad de la mentira, que ésta no tenga sanción ni remedio. (5)
Nos encontramos así sumidos en una memoria tenazmente distorsionada y regulada, y como decía el ministro de Propaganda alemán en la II Guerra Mundial, Paul J. Goebbels, Miente, miente, miente, que siempre algo quedará.
“LOS JÓVENES IDEALISTAS”
Con esta expresión, los terroristas se han autodefinido ante la opinión pública. Nada más alejado de la realidad. La idea de que los subversivos no eran criminales sino muchachos idealistas, especie de garibaldinos que luchaban por un mundo mejor, es la trampa con que pretenden cazar ingenuos, decía el Dr. René Balestra. (6) Lo reconoce también Jorge Falcone, ex oficial del Ejército Montonero, en el reportaje que transcribe Viviana Gorbato en uno de sus libros, con respecto a su hermana adolescente que fuera una de las protagonistas de la llamada “noche de los lápices”: –Cuando sucede lo de María Claudia, yo formaba orgánicamente en Montoneros en el área de Prensa… Mi hermana no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil. Ella era toda una militante convencida… –¿Tu hermana y vos eran montoneros convencidos?
–Sí, nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera… Nadie nos escribió los libretos. Fuimos a la conquista de la vida o la muerte… En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata… Mi hermana no era una Caperucita Roja a la que se tragó el lobo, aunque tampoco tengo la intención de convertirla en una guerrillera heroica. Era una militante convencida. Era miliciana. La gente que tenía conducción en el colegio secundario no se chupaba el dedo. Tenía práctica política y militar. (7)
Estos “románticos idealistas” son los mismos “inocentes vendedores de pan dulce” que, instalados desde dos días antes ante las puertas del Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa, el 5 de octubre de 1975, coparon el cuartel matando a 1 oficial, 1 suboficial y 14 conscriptos que estaban de Guardia, casi todos durmiendo o bañándose en sus turnos de descanso. Y son también los mismos que el 2 de julio de 1976 hicieron estallar un artefacto explosivo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal durante el almuerzo, matando a 23 agentes civiles y policiales y dejando más de 60 heridos. No, no eran “jóvenes idealistas”.
Eran, simplemente, terroristas, con el penoso privilegio de haber acrecentado en forma execrable ese tipo de crimen en la Argentina: una agresión inusitada ante una población inerme. Algunos de ellos todavía se jactan hoy de haber diseminado el odio y la muerte.
La importancia que adquirió la actividad terrorista se refleja objetivamente en que se desarrolló en todo el territorio de nuestro país, predominantemente en las zonas urbanas; existiendo, asimismo, asentamientos de esas organizaciones, en zonas rurales de Tucumán. (2)
Los principales mentores ideológicos de las organizaciones terroristas, que pregonaron la dialéctica de las ametralladoras, no vacilaron en utilizar en sus operaciones a jóvenes adolescentes, como Adriana, aquella niña de 16 años que murió el día de su cumpleaños, despedazada por una bomba que le estalló en las manos prematuramente cuando ella misma, por orden de sus mandantes, estaba intentando colocarla en una comisaría. (8)
¿Cuál era la personalidad de aquellos que la programaron para esa inmolación y que desaprensivamente preparaban a esos jóvenes material, mental y anímicamente para matar y morir? Que los inducían al suicidio antes de ser apresados, mediante una pastilla de cianuro que para el caso les habían provisto. Que los engañaron con fines confusos pero metodologías claras: el uso indiscriminado de la violencia, acompañado con el intento de legitimarla como manera normal de hacer política. No, no pueden ser calificados como “jóvenes idealistas” aquellos que menospreciaron con sus prédicas y sus actos el valor de esas vidas todavía inocentes, conduciéndolas a la muerte.
[...] En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producido [...] esos episodios constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho [...]. (2)
Esclarecedora con relación a ello resulta una afirmación de Santiago Kovadloff: “El terrorismo no propone; dispone. Sabe que el diálogo es la senda que lo lleva a su perdición. De modo que no dialoga, monologa. Se hace oír matando. Condenando la diversidad de pareceres al exterminio. Su fortaleza la refrendan los muertos que siembra. Cuanto más mata, más real se siente [...] En la mira de su pistola están todos los que con él no coinciden. Sobre ellos concentra su fuego [...] Le urge la santificación del crimen, que al perder así todo relieve moral se convierte en mero operativo. En trámite. En procedimiento. (9)
Si revisamos algunos textos de la literatura de cabecera terrorista, como el Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, el Cuerpo de Manuales sobre Guerrilla Rural, el Manual de Información e Inteligencia, la Cartilla de Seguridad con Instrucción sobre Procedimientos Operativos, el Código de Justicia Penal Revolucionario (6 capítulos y 52 artículos–1975) y la Resolución 001/78 por la que se impone el uso de uniforme, grados e insignias, todos editados por Montoneros; el Curso de Táctica, Información y Estudio de Objetivos editado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores; el Reglamento para el Personal Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, así como otros que veremos después, quedaremos seguramente convencidos de que no estaban destinados precisamente a transmitir el mensaje del Mahatma Gandhi. Son ediciones que sirven para entender claramente cómo encararon esos “jóvenes idealistas” una lucha armada de dimensiones hasta entonces desconocidas en el país.
Refiriéndose a las características de las acciones terroristas de ERP y Montoneros, decía en 1977 The Times de Londres: Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, en marzo de 1976, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final del año 61 y [...] había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental [Baader Meinhoff] y los disparos a las piernas de Italia [Brigadas Rojas] como juegos de niños contra la sociedad [...] Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma. Los terroristas italianos y germano-occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados [...]. (10)
“RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA”
Las seudoagrupaciones de derechos humanos reiteran también, sistemáticamente, la necesidad de “recuperar la memoria, la verdad y la justicia” por lo acontecido en los años 70. La memoria es, en verdad, un valor sin el cual no se concibe la existencia de una nación solidaria y unida. Es la potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, dice el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), y no sólo parte de él, agregaríamos. Pero la memoria, a la que la desinformación insistentemente hace referencia, se ha mostrado hasta hoy seriamente mutilada, a través de mentiras o verdades a medias para –deliberadamente–, no incluir el pasado anterior al 24 de marzo de 1976, que incrimina trágicamente a los terroristas y también a los políticos que, con su acción u omisión, coadyuvaron a generar la crisis de los 70.
La memoria, la memoria genuina, no se cultiva de manera amputada extrayendo dramáticos momentos aislados del pasado y ocultando las acciones sangrientas de las organizaciones terroristas que asolaron en su momento al país. Algunos de sus integrantes, promotores de esa memoria hemipléjica, y amparados por la cultura imperante, aparecen hoy convertidos en “modernos inquisidores”, en impúdicos censores mediáticos de moralidad.
Ellos, como muchos ex integrantes de las organizaciones ERP, FAR, FAP y Montoneros, que tuvieron en la Argentina el protagonismo dominante en la siembra del caos y el terror, deberían estar rindiendo hoy cuentas de sus acciones ante la justicia. ¡Ni qué decir por la masacre de Ezeiza!, la mayor manifestación de violencia política de la historia argentina, producida el 20 de junio de 1973 día del regreso de Perón, que con más de cien muertos y muchísimos más heridos marcó un presagio de lo que luego ocurriría en el país y habría de ser siempre mantenida bajo un manto de silencio. Eso..., es también parte de la memoria, pero de una “memoria completa”.
Estos inquisidores de hoy, que en los años 60 y 70 violaban los derechos humanos de la sociedad argentina, pretenden imponer una interpretación del pasado que no sólo elimina de la violencia de esos años el enfrentamiento entre “la patria peronista” y “la patria socialista” –en el que los militares no tuvieron intervención pero sí sufrieron atentados y muertos–, sino que también niega interesadamente su fruto, la estrategia contraguerrillera iniciada por Perón y López Rega con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que, continuada desde cinco meses antes del 24 de marzo de 1976 por Isabel Perón e Ítalo Luder y al amparo de los decretos por ellos emitidos, dio luz verde al empeñamiento de las Fuerzas Armadas para [...] ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. (11) Ninguno de ellos debe ser excluido de una memoria completa.
Esos inquisidores, son los mismos que, mientras esgrimían el discurso y la ideología de la izquierda peronista de los años 70, el Presidente Perón echó de la Plaza el 1º de mayo de 1974, con expresiones condenatorias muy fuertes y claras (Esos estúpidos que gritan [...] imberbes que pretenden tener más méritos que los que lucharon veinte años [...] compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya tronado el escarmiento [...] infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios que trabajan al servicio del dinero extranjero [...]).
Para entonces, ya habían caído los gremialistas Vandor, Alonso, Kloosterman, Rucci y Coria, ejecutados por los terroristas. La famosa consigna, “la revolución se hace con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, había hecho sentir sus efectos. Esto también es parte de una memoria que no debe ser negada, que debe ser asumida en forma integral y que no debe ser utilizada con fines espurios para la prolongación indefinida de los conflictos.
“RECUPERACIÓN DE LA VERDAD”
La verdad, por otra parte, dice el mismo diccionario, es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna; juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es un error examinar la historia reciente del país a partir de visiones esquemáticas, reduccionistas y sesgadas, que hagan recaer unilateralmente las responsabilidades sobre un solo flanco institucional. Valerse de una memoria hemipléjica implica revalidar la verdad sólo aplicada a una parte de la historia y consentir en borrar aquella otra cuyos hechos, precisamente, originaron los graves sucesos posteriores que nuestra dirigencia política no supo o no quiso entonces evitar, y de los cuales no se responsabiliza hoy.
Advertía la Conferencia Episcopal Argentina el 12 de noviembre de 2005: A 22 años de la restauración de la democracia, conviene que los mayores nos preguntemos si transmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acontecido en la década de los 70 o si estamos ofreciéndoles una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos. Esto, afirmaron, porque puede suceder, que se callasen los crímenes de la guerrilla o no se los abominase debidamente, cuando en verdad ellos ciertamente aterrorizaron a la población y contribuyeron a enlutar a la Patria. Y advertía a todos, pero especialmente a los laicos que vivieron aquella época y eran adultos, que tienen la obligación de dar su testimonio porque es peligroso para el futuro del país hacer lecturas parciales de la historia. Desde el presente y sobre la base de la verdad y la justicia debemos sanear nuestro pasado.(12)
Los pueblos deben rescatar toda la verdad al revisar su pasado, no sólo la que conviene a un sector o a una concepción ideológica determinada, como la elaborada por la Conadep en su informe “Nunca Más” el cual, como señala el acreditado FORES, [...] es incompleto, y se corre el riesgo de que –especialmente para la juventud – quede como la única versión de los años terribles vividos por nuestro país. Reprocha que el informe no ahonde en las causas de la situación que describe y rechaza la excusa esgrimida por la Comisión de que no fue ésa su misión, [...] por cuanto en el mismo trabajo se hacen juicios de valor, acusaciones y condenas contra las FF.AA. y la Justicia, y todo el Informe es un alegato donde se intenta probar como tesis la existencia de una estructura teórica y real creada por el Estado y los militares para atacar los derechos humanos de un sector de los argentinos. (13)
Agrega además: Otro error del Informe es la intención deliberada de resaltar que la represión se ensañó con personas inocentes, sin vinculación alguna con la subversión y que [...] el informe parecería tener dos sectores como destinatarios que comparten una característica: su ignorancia total de lo ocurrido. [...] los jóvenes, que por razones de edad no vivieron o no recuerdan lo ocurrido [...] la opinión pública extranjera que, salvo excepciones, sólo vagamente se enteró de lo ocurrido. En Europa no se conoció [...] la gravedad y profundidad del flagelo subversivo.
Vale aquí aclarar que también integró la Conadep desde su inicio el Dr. René Favaloro, hombre íntegro y desideologizado, que a poco de andar no vaciló en renunciar alegando que la Comisión padecía de falta de ética y de objetividad. (14) La verdadera historia no se puede negar y tarde o temprano el tiempo, incorruptible, se encargará de restaurar la parte que hoy interesadamente se quiere ocultar.
Decía el filósofo francés Clément Rosset: Rechazar la realidad constituye el peor de los peligros. En esos casos, el hombre construye mundos imaginarios, y crea fantasmas y quimeras con el fin de esquivar la tragedia universal de la existencia de la historia. Rechazar la realidad da origen a espejismos de todo tipo: futuros luminosos y Apocalipsis redentores. La realidad es lo que es –ni doble, ni bella, ni fea– y no es otra cosa. Hay que decir y pensar lo que es, pues lo que existe, existe. Y lo que no, no existe. (15)
Tras tantos años desde la restauración de la democracia, la política argentina no ha hecho aún un balance objetivo de lo sucedido en los años 70, que incluya también la irrupción de la insurgencia armada frente a gobiernos constitucionales. La redacción de la historia requiere de todos los elementos y de todos sus protagonistas.
“RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA”
1- Justicia, dice el DRAE, es el Derecho, razón, equidad; lo que debe hacerse según derecho o razón. A través de una pertinaz campaña de persecución ideológica –elaborada bajo la apariencia de un reclamo de justicia pero con características de venganza– los antiguos terroristas y sus organizaciones afines pretenden, y hasta ahora lo han logrado, que sólo sean sometidos a proceso los por ellos llamados “represores”, mientras los miembros de organizaciones subversivas gozan de la libertad lograda por indultos y amnistías, ocupan en ciertos casos cargos públicos y, además, se constituyen en jueces y censores. (16)
A caballo de la desinformación, han logrado instalar el problema de la “represión” en un campo de solución jurídica y no política, del cual fue arrancado por el Decreto 158/83 del Dr. Alfonsín, del 13 de diciembre, olvidando que la guerra es una circunstancia sociopolítica, una decisión política con objetivos políticos. En opinión de juristas, ese decreto “es inconstitucional porque el PEN se arrogó el conocimiento de causas pendientes, cosa que le prohíbe el art. 109 CN, violó el principio penal de inocencia y dio por probado lo que debía ser materia de investigación judicial. Asimismo, supuso la sumisión del Poder Legislativo al PEN, al dar por descontado que el Congreso sancionaría las leyes “ex post facto”, cuyos proyectos le remitiría.
Con ese decreto, que inexplicablemente no menciona la existencia de la guerra revolucionaria que se desarrolló en nuestro país (reconocida luego en la sentencia de la Causa 13), se cometió un grave atropello al disponer el juzgamiento de hechos sólo a partir del 24 de marzo de 1976, violentando casi todos los procedimientos del debido proceso legal. Claro, si se revisaran los hechos anteriores, deberían ser juzgados los gobiernos de “jure” que ordenaron [...] aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país.
Además, y en contra de lo dispuesto en el art. 18 de la CN que establece que: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa [...], se aplicaron retroactivamente nuevas leyes penales, se creó por Decreto 187/83 del 15 de diciembre una “comisión especial” (la Conadep) para investigar los hechos ocurridos en la guerra subversiva y se sacó a los procesados de sus jueces naturales (el Consejo Supremo de las FF. AA.) por una ley dictada con posterioridad al hecho de la causa.
Debemos recordar aquí que las acciones militares se desarrollaron bajo la existencia de otra Constitución, otro Código de Procedimientos, otro Código de Justicia Militar, otro Código Penal y sin la vigencia de la mayoría de las convenciones internacionales sobre la materia. Asimismo, cuando se juzgó la conducta de los Comandantes, se lo hizo por procedimientos para tiempos de paz a la luz del Código Penal ordinario, cuando es sabido que las acciones de guerra deben juzgarse por las leyes que la gobiernan ante los tribunales especiales establecidos y no por las leyes penales ordinarias aplicadas por tribunales previstos para juzgar delitos comunes en tiempo de paz.
Decía el constitucionalista Jorge R. Vanossi en La Nación del 26/06/05: La aplicación retroactiva de las Convenciones de Derechos Humanos resulta improcedente en el derecho argentino pues, según el art. 27 de la CN, los tratados deben cumplimentar los principios de derecho público establecido en la Constitución. Ello comprende todas las garantías que expresa o surgen de la primera parte de la Constitución, entre las que se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la prohibición de juzgar dos veces por la misma causa, la irretroactividad de las leyes penales, los beneficios de la ley más benigna, etc. [...] La reforma constitucional de 1994 no dispuso la primacía de las normas internacionales sobre las garantías constitucionales. Por el contrario, el inciso 22 del art. 75 estableció respecto de aquellas normas (las Convenciones de Derechos Humanos) que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarias de los derechos y garantías por ella reconocidos”. No corresponde revisar la constitucionalidad de esas leyes, porque la Corte las declaró constitucionales hace muchos años. Las llamadas leyes del perdón ya se han aplicado y han surtido efectos. Y declararlas ahora inconstitucionales, o anularlas como lo ha hecho también el Congreso, significa dejar de lado principios que están también en la Constitución y en tratados internacionales [...].
Por otra parte, ¿qué sanción les cabría a los legisladores que aprobaron las leyes en su momento? ¿Lo hicieron de puro necios o, por el contrario, pensaban que era la mejor solución?
Promoviendo una apariencia de equidad política en el tratamiento de la guerra revolucionaria, Alfonsín dictó el Decreto 157/83 disponiendo la necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra [...] los terroristas M. Firmenich, F. Vaca Narvaja, R. Obregón Cano, R. Galimberti, R. Perdía, H. Pardo y E. Gorriarán Merlo [...] por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos de los que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices.
Pero pasados ya 33 años del dictado de ese decreto, y aunque la lista es manifiestamente incompleta, jamás se sometió a juicio a esos terroristas, como tampoco a los organizadores, ejecutores, benefactores ni encubridores de todas las organizaciones armadas terroristas, que tomando las armas contra la Nación hicieron la guerra revolucionaria en la Argentina, dejándolos así amnistiados de hecho. Sólo a beneficio de los terroristas se reconocieron derechos adquiridos, imposibilidad de anulación retroactiva y el principio de la ley más benigna.
Están así definitivamente libres y sin cuestionamiento jurídico alguno. Sin embargo, mencionando a Germán Bidart Campos, decía la Cámara:
[...] Cuando el gobierno [...] debe recurrir a medidas de guerra imprescindibles ante la magnitud del alzamiento en armas, puede hablarse de una guerra civil. Ya no hay, entonces, delincuentes políticos, sino enemigos de guerra; ambas partes son bélicamente iguales y […]. (2)
Bien podríamos entonces decir que en la pretensión de esos grupos, no cabría ni derecho, ni razón, ni equidad, ya que se vulnera el art. 16 de la Constitución Nacional en cuanto dice que Todos sus habitantes son iguales ante la ley [...]. Ellos únicamente reconocen y ponderan a la justicia cuando falla de acuerdo con sus intereses, argumentando en caso contrario que “los militares no han sido juzgados en el país”. A esa falaz manifestación respondía el ex ministro de Defensa Dr. Jaunarena: Una cosa es que a alguien no le guste el contenido de un fallo o la aplicación de una determinada ley sancionada por el Parlamento en vigor de las garantías democráticas y otra cosa muy distinta es decir que no se ha juzgado. (17) Nada indigna más que las asimetrías.
* * *
2- Cuando los Comandantes fueron sometidos a juicio, asumieron la plena responsabilidad tanto por las órdenes que impartieron para la lucha antiterrorista, como por lo actuado en consecuencia por sus subordinados, acciones que éstos cumplieron primero por órdenes emitidas por un gobierno constitucional y luego por el de facto. Sin embargo y pese a que estaban obligados por ley a cumplirlas, muchos de ellos están hoy procesados en razón de que la Ley 23.521/87 de “obediencia debida” (al igual que la 23.492/86 de “punto final”) fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005 (con el voto en contra del Dr. Carlos Fayt y la abstención del Dr. Augusto Belluscio).
El mismo Colegio señalaba que [...] no hay tratado internacional alguno que posibilite jurídicamente aplicar leyes retroactivamente, quitar el beneficio otorgado por leyes de amnistía a los imputados y dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, todos derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución.
* * *
3- Ante los jueces que han dictado el procesamiento de esos militares, han sido llamados a declarar como testigos muchos terroristas que nunca fueron imputados ni procesados por sus crímenes, aun conociéndose sus antecedentes. Tal es el caso de Sara Solarz de Osatinsky, muy importante en la estructura de una organización terrorista subversiva, entrevistada en Suiza por el juez Dr. Bagnasco para tratar de obtener información sobre desaparecidos. Fue cofundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que aparecieron en escena el 30/07/70 con la toma de Garín (en la cual participó) y que incluyó el asalto a la sucursal del Banco Provincia y el asesinato de un policía (a ella se le asigna el disparo fatal) y de una mujer. Participó también en otros operativos terroristas e integró el grupo que en 1975 secuestró y posteriormente asesinó al cónsul de EE.UU. en Córdoba, John Patrick Egan. Al momento de su detención era la jefa militar de la columna capital de la organización Montoneros; posteriormente se convirtió en colaboracionista. (20)
¿Qué valor pueden darse a las declaraciones de este tipo de testigos, orquestadas y coordinadas en el tiempo y con posterioridad a los hechos denunciados por las seudoagrupaciones de DD.HH.? Plenas de divagues y descripciones contradictorias y falsas, muchas de sus denuncias han sido tomadas de otros testigos para potenciar hechos que no les constan y para establecer un marco ficticio a la realidad. Muchos de ellos, a través de este accionar y mediante imputaciones de hechos en numerosos casos jamás acontecidos, han pretendido encubrir o purgar ante sus ex compañeros su conducta delatora y colaboracionista, que permitió la detención de muchos miembros de sus organizaciones.
En la mayoría de las denuncias presentadas por el delito de privación ilegal de la libertad se ha omitido mencionar los hechos que pudieran haber motivado las detenciones, en algunas se dice ignorarlos y en otras se los vincula, pálidamente, con su posición política o ideológica cuidando, desde luego, de no comprometerse penalmente pese a que en muchos casos los informes policiales correspondientes a su detención los hacían presuntos responsables de graves delitos contemplados por el Código Penal o por las leyes 20.642/74, 20.840/74 y otras entonces vigentes.
Sostener que existe una diferencia de grado entre los crímenes cometidos por el llamado terrorismo de Estado (expresión jurídicamente inexistente y por lo tanto sin condena en nuestros códigos ni en los de otros países) y los ejecutados por las organizaciones terroristas implica participar ideológicamente de un sofisma reiteradamente difundido en nuestro país con el fin de eximir de responsabilidad a los terroristas que, por esa razón, buscan el amparo de una historia fraudulenta que por todos los medios tratan de establecer en el imaginario colectivo.
* * *
4- Puede plantearse que el mundo ha cambiado, que ahora la globalización ha llegado también a la protección de los derechos humanos y que hay una nueva justicia universal y normas internacionales que han generado un nuevo derecho. Esto es cierto, pero hasta ahora nadie se plantea aplicar esta normativa a la guerra de Vietnam, a la represión en Argelia o al masivo colaboracionismo con los regímenes pro nazis por parte de países como Noruega, Holanda, Francia, Bélgica o Dinamarca, por plantear algunos ejemplos. (21)
Pero esto no parece ocurrir, a la vista de una medición del Índice de Confianza en la Justicia presentado en 2005 por FORES, la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación Libertad, de la cual surge que los argentinos ven a la Justicia como poco eficiente, parcial y con escasos comportamientos honestos. (22)
El tan frecuentemente apelado Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) dice en su art. 8.2: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Por otra parte, nuestra Ley 24.390 establece para la prisión preventiva un plazo de 2 años con uno más de prórroga. ¿Por qué, entonces, siguen en una prisión preventiva excesivamente prolongada (casi cumpliendo condena sin haber sido juzgados) los militares acusados de “crímenes de lesa humanidad”, si no por la presión que aquellos grupos realizan sobre los poderes del Estado? ¿O es que el uso del uniforme justifica la desigualdad ante la Ley, en contra de lo establecido en nuestra Constitución? ¿Por qué nos detenemos en los procedimientos y no tratamos lo sustantivo: los orígenes, las causas, los fines, los móviles y las directivas de los actores enfrentados? El drama... ¿sólo se redujo a que se cometieron errores, delitos y excesos por parte del Estado? ¿A qué se debe la absurda asimetría en las consideraciones que se guardan con el agresor revolucionario, liberado a priori de cualquier norma humanitaria?
Si la historia se presenta desvirtuada, si se violan principios básicos de defensa de las personas y se ataca insistentemente a las Fuerzas Armadas sin mencionar una sola vez las atrocidades cometidas por las hoy inimputables organizaciones terroristas, no puede ser creíble que lo que se busca sea verdadera justicia. Si se trata de asegurar la vigencia de los grandes principios del derecho de gentes, el rigor de los fallos debe ser parejo para todos los que son acusados de atentar contra ellos. Si la amnistía no vale para un sector, no debería valer tampoco para el otro. La justicia es para todos o no es justicia. Si la justicia mira tendenciosamente hacia un solo sector ideológico se convierte en venganza. Si quedara flotando alguna duda sobre el acatamiento de esos principios esenciales, el camino hacia la paz social y la reconciliación nacional seguirá tropezando, en la Argentina, con insalvables obstáculos, decía el diario La Nación en un editorial del 19/06/05. (23)
Y señalaba Robert Potash [...] falta que se aspire a concretar otra parte de la justicia. Apunto a que quienes mataron, secuestraron o colocaron bombas en los 70 y que sobre la base de un concepto amplio de las violaciones a los derechos humanos también deberían ser sometidos a la justicia. Me siento muy interesado por que se revoque, por citar apenas un ejemplo, la ley de amnistía que se promulgó en 1973, o que se anulen aquellos indultos que beneficiaron a terroristas como Firmenich. O las proscripciones que protegen a los asesinos de Arturo Mor Roig o de José Rucci. Eso serviría para alcanzar la justicia, aun cuando los sectores de izquierda no estén tan contentos con algo así [...] No creo que esta administración impulse la derogación de todos los indultos, ni que promueva una revisión completa de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 70, dado que algunos de sus funcionarios fueron montoneros y podrían sentirse afectados”. (24)
Hablando sobre “el antifaz judicial de la venganza”, decía Mariano Grondona: Los continuadores de los Montoneros, ahora en el poder, presentan ante los jueces su venganza diferida. Pero la pregunta más grave que hay que hacer es si esos jueces encarnan por su parte el ideal de un tercero imparcial o si, manejados por el Poder Ejecutivo, no se han convertido ellos mismos en los engranajes de una venganza que, gracias a ellos, se despliega en nombre de la justicia. (25)
O como Luis Gregorich se preguntaba en un reciente artículo de La Nación: ¿Habría que afirmar, en consecuencia, que está en marcha un intento, a la vez político, ideológico y judicial, de rescribir la historia reciente? (26)
¿QUE “LO OCURRIDO EN EL PAÍS EN ESOS AÑOS NO FUE UNA GUERRA”?
Otra gran falacia, que ha encontrado eco en muchos periodistas que parecen desconocer la verdadera historia.
Decir que lo ocurrido en nuestro país no fue una guerra y que ella no fue iniciada por las organizaciones terroristas, como pública y falsamente se difunde, conlleva el interesado escamoteo del reconocimiento del hecho –como presupuesto de situación de “guerra” y no de “paz”– que realizaran los miembros de la Cámara, cuando dicen en su fallo:
[...] Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado [...] así como que no desconocía la necesidad de reprimir y combatir las bandas terroristas. (2)
Las organizaciones terroristas jamás ocultaron su propósito de establecer la lucha armada. Lo han reiterado en sus innumerables proclamas, discursos, consignas y documentos. Como lo reconocía el PRT ya en 1968 en un documento de su IV Congreso (Dentro de nuestra estrategia de guerra civil prolongada, la creación de una fuerza militar revolucionaria es nuestro objetivo táctico principal [...]) o en uno de su V Congreso (Que durante toda una larga etapa, nuestra guerra revolucionaria adquirirá formas guerrilleras urbanas y rurales extendidas a distintas ciudades y zonas campesinas [...]).(27) También lo afirmaba el ERP en su diario El Combatiente, durante el gobierno de Juan Perón (La nueva etapa [...] indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país). (28) Lo reconocía igualmente así la Cámara Federal cuando dice:
[...] las organizaciones terroristas, alguna de las cuales, incluso, intentó como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio de un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional. (2)
De igual forma lo testificaban Montoneros y otros grupos afines (Peronismo de Base, FAR y FAP) en sus frecuentes documentos. En una carta elevada al Episcopado en diciembre de 1976, firmada por Firmenich, Perdía, Yaguer y Roqué, la Conducción Nacional de Montoneros decía que [...] sabemos que la violencia de la guerra (pues no se trata de otra cosa) produce sufrimientos y pérdidas irreparables a los pueblos, mucho más cuando, como en el caso argentino, se trata de una guerra civil”. (29) También lo dijo Rodolfo Galimberti en 1996, durante una entrevista en un canal de TV: [...] había un proyecto político y se luchaba por imponerlo [...] Fue una guerra civil, la más cruel de las guerras. (30)
Como se ve claramente, mucho antes del 24/03/76 la guerra era ya el “leit motiv” de las organizaciones terroristas. Que hubo violencia, no hay dudas. Pero… ¿por qué, cuándo y cómo empezó? Para la historia que hoy se nos quiere imponer, todo parecería haberse iniciado súbitamente el 24 de marzo de 1976, sin causa ni razón alguna. Y limitar caprichosamente el retroceso a esa fecha, sustrayendo la consideración de los antecedentes del inicio de esa guerra, resulta una verdadera estafa histórica. Pero de ese modo pretenden aquellos grupos concentrar el objetivo de sus actividades contra las “acciones represivas y excesos de la dictadura militar”, soslayando los atentados irracionalmente indiscriminados que ellos realizaran contra la sociedad argentina y la guerra que iniciaran para destruir las instituciones de la República.
La violencia fue envolviendo progresivamente a toda la sociedad con su manto de terror, pero algunos hechos marcaron hitos por su trascendencia y otros por ser la demostración de un nuevo tipo de ajusticiamiento por mano propia (como los asesinatos de Vandor, Aramburu, Sallustro, Rucci y Mor Roig entre otros). Las acciones terroristas no fueron hechos aislados sino generalizados y sistemáticos, realizados mediante una acción conjunta y coordinada concebida e implementada como estrategia de violencia para la toma del poder político en la Argentina, fuera de toda vía de acceso democrático. De allí en más, en tiempos en que no se había aún empeñado a las Fuerzas Armadas en la lucha contraterrorista, todo fue posible y la sociedad perdió su capacidad de asombro.
Si como reconoce la Cámara en su sentencia [...] en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas [...], lo importante es esclarecer y explicar por qué sucedió eso. ¿Por qué un pueblo pacífico como el nuestro, de donde surgen nuestros políticos, nuestros profesionales, nuestros hombres de armas y nuestros obreros, se vio envuelto en el horror? La respuesta que a esto da el informe de la Conadep es ingenua y con una gran carga ideológica destinada a condenar por anticipado a las FF.AA., ocultando datos sobre la personalidad y responsabilidad de las “víctimas”.
[...] El arsenal utilizado por estas organizaciones provenía básicamente del robo a unidades militares, a funcionarios policiales e, incluso, a comercios dedicados a tal actividad. (2)
Vale la pena recordar que la sociedad lo seguía sosteniendo en 1983, como lo prueba una solicitada que, con el título de Los argentinos queremos decirle al mundo y la firma de más de cien instituciones de prestigio, publicaron los diarios en septiembre de 1983, dos meses antes de la asunción de Alfonsín. Decía: Los argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y la sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del gobierno argentino. Fue una decisión de argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la paz. A costa de cualquier sacrificio. Y todos deseamos que la guerra terminase cuanto antes, Hoy la guerra terminó, aunque no la vigilia. Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra también tuvo su precio.
Su enorme cuota de dolor y sacrificio. Porque en ella hubo muertos y desaparecidos. Argentinos que cumplían con su deber, defendiendo nuestro derecho a la paz y nuestro tradicional modo de ser, que una minoría cuestionaba.
Y murieron también muchos de aquellos que, temerariamente, pretendieron imponernos ideologías extremistas, y un sistema de vida totalmente ajeno a nuestro sentir nacional. Ése fue el precio de la guerra en la Argentina. Las instituciones que abajo firmamos queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de la misma manera, quiera Dios que nunca más tengamos que pagar este precio para vivir en paz. (32)
Entre la entidades firmantes de esa solicitada estaban: Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asociación Internacional del Club de Leones, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Editores de Libros, Cámara Argentina de Anunciantes, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción; Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República, Centro Argentino de Ingenieros, Consejo Empresario Argentino, Consejo Publicitario Argentino, Rotary Club de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y Liga de Madres de Familia.
No hubo guerra… si pensamos en la clásica o convencional. No hubo combates aéreos, navales ni de tanques.
Pero hubo más de 21.000 atentados terroristas que dejaron cientos de muertos inocentes que no participaban de esa guerra. Fue una guerra interna, una guerra irregular que, caracterizada por el signo ideológico del agresor, quedó calificada como “revolucionaria”. O lo que es lo mismo –según lo previsto en el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y artículo 1 del Protocolo II (33), adicional a esos Convenios y aprobado el 8 de junio de 1977– un conflicto armado sin carácter internacional aunque sea consecuencia, en gran parte, de la lucha por el poder mundial entre las superpotencias de la época y de la conducción estratégica, el apoyo logístico y el estímulo del gobierno de Cuba. (34) Pongámoslo así para situar a los terroristas, parte principal de esta guerra.
nuestro futuro.
“OBEDIENCIA DEBIDA”
También se ha querido generar un significado equívoco y malicioso del concepto de la obediencia debida, un pilar ancestral e insoslayable en la organización y la disciplina militar. Así se ha terminado por establecer en el imaginario colectivo un carácter anfibológico de la obediencia militar, casi un doble estándar: “debe obedecerse pero no siempre”. Parecería entonces quedar el receptor de la orden autorizado a decidir su cumplimiento o no, en base a su propia interpretación del contenido de la misma.
De allí que las legislaciones militares hayan sido siempre muy celosas en salvaguardar y velar por ese valioso bien jurídico castrense y evitar las confusiones doctrinarias, especialmente por parte de la juventud militar activa, en un mundo en el que el sacrificio de la vida humana en pro de la orden recibida constituye una obligación jurídicamente exigible y cuya no entrega, en determinados casos, se castiga hasta con la muerte.
La misión de las fuerzas armadas en todo país civilizadamente organizado es salvaguardar los más grandes intereses de la Nación. Su existencia es, pues, indispensable y exige una organización sólida y consistente que, reposando en instituciones especiales, reúna hombres y elementos en un conjunto armónico que sea el brazo armado de la patria, siempre pronto a proveer a la defensa de la Nación para tutelar no sólo su honor y la integridad de su territorio sino también su Constitución y sus leyes.
Y a esa dura disciplina, en la que la debida obediencia es imprescindible para la consecución de un objetivo, se llega sólo mediante la aplicación de principios ancestrales en la formación militar: el mando, la disciplina, la moral y el espíritu de cuerpo… y la obediencia. Y aunque estos principios puedan en apariencia parecer diferentes y sin relación, son todos ellos condiciones necesarias para lograr, con su conjunción, una rápida aceptación de la obediencia para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el superior, órdenes que, en definitiva, son las herramientas ejecutivas imprescindibles para obtener eficiencia y efectividad en una organización militar.
Por ello la obediencia, en los estamentos militares, tiene desde antiguo una sola acepción: “debida”, porque, como dijimos, debe rendirse al superior jerárquico sin examinar los motivos o razones que la generan. Y no lo hace así el soldado porque tenga obediencia “ciega”, sino porque sabe que desobedecer una orden es quebrar la columna vertebral de su unidad y de la institución.
El artículo 514 de nuestro CJM es una norma fundamental del derecho militar argentino. En él se establece el principio de la obediencia debida y de su análisis interpretativo surgen las responsabilidades y los exculpantes de quien cumple la orden.
“30.000 DESAPARECIDOS”
Este mito merece una consideración especial, ya que la cifra que la propia Conadep ha registrado en el Anexo I del Nunca Más (Ed. 1984) –con la ayuda de la mayor computadora de ese momento, la del CUPED del Ministerio de Bienestar Social– fue de 8.961. D´Andrea Mohr, afín a los terroristas, registra en su libro Obediencia debida 7.970 desaparecidos, de los cuales 977 dice, lo fueron entre el 25/05/73 (asunción de Cámpora) y el 24/03/76 (inicio del gobierno de facto).
No hay ninguna organización nacional o internacional de Derechos Humanos –que son muchas por cierto y, como Amnesty y la europea Farenheit, con cuantiosos poderes y recursos– que brinde listados mayores que los de la Conadep; en general sus números son más bajos. El grupo Farenheit, inclusive, estudió y compatibilizó su listado con el de la Conadep y reveló algunos centenares de repeticiones y casos incomprobables por estar sólo mencionados por nombres de guerra (como Anita, Topo, etc.) o como NN. Después de ello, el Anexo I del Nunca Más fue retirado de la venta y de las bibliotecas públicas. Autores como Richard Gillespie, que editan libremente sus conclusiones al respecto, no sobrepasan el 25% del mítico guarismo. El propio Ministerio de Justicia de la Nación, en mayo de 2004, redujo la cantidad de “desaparecidos” a 6.000.
Los diputados nacionales Ramón Torres Molina, Marcela Bordenave, Jorge Rivas y Alfredo Bravo presentaron en 2000 un proyecto de ley prorrogando por 5 años el plazo fijado por la Ley 24.411/95 para la presentación de solicitudes de indemnización por desapariciones forzadas y fallecimientos debido a la acción de las Fuerzas Armadas entre el 16/06/55 y el 9/12/83. Tal plazo, que ya había sido prorrogado por otra ley anterior, vencía el 12/07/2000. Desde principios de 1995 y hasta el 30/03/2000, según ellos, solamente se habían presentado 5.998 solicitudes por desapariciones y 1.402 por fallecimientos.
Digamos, de paso, que para la aplicación de la Ley 24.411, los muertos por acción del terrorismo subversivo no cuentan y no se les reconoce el beneficio. El art. 2º de esa ley dispone que Tendrán derecho a percibir igual beneficio que el establecido en el artículo 1º los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83. Sin embargo, al reglamentarse la ley mediante el Decreto 403/95, su art. 2º dispuso que A los efectos del artículo 2º de la ley, se entenderá por grupo paramilitar sólo aquellos que actuaron en la lucha antisubversiva sin identificación de su personal mediante uniformes o credenciales.
Nada se ha hecho por reparar la desigualdad entre unas víctimas y otras. Hay aquí una flagrante violación a la garantía de la igualdad ante la ley, reconocida por el art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, tutelado por el art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica y repetido en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la ONU. Aquéllos parecen ser muertos VIP; los muertos por el terrorismo subversivo, en cambio, parecen no haber existido (claro, si no existen víctimas, no hay victimarios, y si no los hay… ¿por qué habrá de ser alguien juzgado por ello?).
Si como repiten maliciosamente hasta el hartazgo que los desaparecidos fueron 30.000: ¿cómo es posible que los familiares de los otros 24.002 hayan guardado silencio hasta hoy? Por otra parte: ¿cuántos de los presuntos desaparecidos incluidos en el Anexo I del informe de la Conadep se ha ido comprobando después que residían en el extranjero? ¿Cuántos fueron posteriormente “resucitando” en el país para que, a su pedido, se los diera de baja de esa nómina, como la Dra. Argibay Molina (pág. 29 del Anexo I) hoy juez de la Corte Suprema? ¿Cuántos hubieron de ser puestos públicamente en evidencia por su indebida inclusión en el listado, como el actual juez Alfredo Humberto Meade (pág. 288) entre ellos, quien en un reportaje radial dijo: Nunca supe por qué fui incluido en esa lista porque nunca fui secuestrado, pero que nada hizo para ser excluido, porque para mí estar allí es un homenaje a los caídos. O también Esteban Justo Righi, actual Procurador General de la Nación (pág. 381). Otros “desaparecidos” resultaron refugiados en México, Suecia, Francia, Israel, Alemania, España, etc. o “reaparecieron” como consecuencia del terremoto de 1985 en Ciudad de México o en alguno de los atentados terroristas en Israel.
Si esto es así y el artículo 5º de la Ley 24.411 dice textualmente: En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1º se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido, ¿a cuántos “desaparecidos resucitados” se les habrán pagado los U$S 250.000 de indemnización? Éste es un dato que se ha mantenido públicamente velado por parte de las autoridades.
Como es bien conocido, durante las presidencias de Juan Perón y María E. Martínez de Perón se registraron centenares de desaparecidos y múltiples asesinatos, casi todos ellos planeados y ejecutados desde las mismas filas del gobierno constitucional, demostrativos de que lo que los grupos de DD.HH. califican hoy como “terrorismo de Estado” había empezado bastante antes de 1976. Así lo prueban los insoslayables 958 desaparecidos sólo entre 1975 y el 24-03-76, casi en su totalidad por acción de la Triple A. ¿Nadie se hace cargo de ellos?
No por casualidad el Dr. Luder, en las vísperas de la elección presidencial de 1983, en la que fue candidato, se manifestó partidario de mantener la validez de la ley de autoamnistía dictada por el gobierno militar en las postrimerías de su gestión. No está de más recordar ese pronunciamiento de Luder, decía en su editorial La Nación el 19/6/05.
Lo sabía Alfonsín al dictar el Decreto 158. Lo sabían también los fiscales y los jueces de la Causa 13, pues todos ellos tuvieron, durante el transcurso del juicio, conocimiento de las desapariciones ocurridas antes del 24 de marzo, razón por la cual, al tomar conocimiento oficial de ellas, su obligación legal les exigía denunciarlas ante los tribunales competentes para el enjuiciamiento de los responsables sin poder excusarse amparados en la limitación de Alfonsín de juzgar sólo los hechos posteriores al 24 de marzo. Pero no lo hicieron.
Decía René Balestra: "Se sabe, aunque una ancha franja de la sociedad finja ignorarlo por especulación non sancta, que la Triple A no fue una creación espontánea, original, de López Rega sino la respuesta a una orden impartida por quien lo dirigía para repeler el copamiento del partido político inventado por él. Creer que a Juan Domingo Perón –hasta su muerte– “se le escapaba de las manos” López Rega, es la obra maestra de la prestidigitación". (35)
Para encubrir ese dato irrefutable de la historia, esas 958 desapariciones –por las cuales la Conadep le recabó información al Dr. Eduardo Rabossi, entonces subsecretario de Derechos Humanos– aparecen minimizadas en el informe de la Conadep en el que se las define extrañamente como pruebas piloto (página 479 del Nunca más) (¿?). Resulta procedente preguntarse entonces, ¿por qué el gobierno instaurado en 1983 o los que lo siguieron no ordenaron investigarlas? Por ello el Dr. Florencio Varela presentó en agosto de 2005 una denuncia contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Eduardo Taiano por el delito de “encubrimiento agravado de delitos de lesa humanidad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
Hay gente que, como una forma de vivir, parece haber hecho un negocio de este conflicto. A veces vive de la muerte y otras lucra con ella. Pretende usar en su provecho el tema de los derechos humanos, especulando con el dolor ajeno y explotando el sufrimiento que ella misma provocó. Como ejemplo, valga esta cita del libro Yo fui Vargas: El marido de Hebe de Bonafini, creadora y líder de las Madres de Plaza de Mayo, la denunció, en conferencia de prensa, poco después de la guerra de Malvinas, asegurando que su hijo no estaba “desaparecido”, sino que vivía en Barcelona, España, pagado por el aparato extranjero de la red de “solidaridad”; que estaba casado y tenía un hijo. (36) Saque el lector sus conclusiones.
No podemos cerrar este párrafo sin transcribir una frase de Firmenich: "Habrá algún que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran Montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte". (37) "¿Serían capaces de reconocer lo mismo sus compañeros que han llegado al poder? No: Transformados en políticos, de nada se han arrepentido. No les ha interesado elaborar un juicio histórico- crítico riguroso; se preocuparon, sí, por instrumentar la memoria, y ella… es vulnerable a toda manipulación", decía Javier Vigo Leguizamón. (38)
“UN PLAN SISTEMÁTICO DE APROPIACIÓN DE NIÑOS”
Esgrimen también esos grupos la denuncia de esta ficción que, por su contenido, resulta grotesca y sin sustento ni asidero real. Esta campaña es motorizada por las Abuelas de Plaza de Mayo y otros seudogrupos de “derechos humanos”, basándola en la falsa afirmación de una indebida apropiación de niños provenientes de madres que dieran a luz en cautiverio. En 1984, la Conadep comenzó a recibir denuncias que fueron posteriormente transferidas a diversos juzgados federales y a la Cámara Federal que juzgaba a los comandantes.
Un trabajo de investigación llevado a cabo por el Foro de la Verdad Histórica, formado por civiles y militares, determinó con especificación de nombre, modo, tiempo y lugar la entrega de 227 menores a sus familiares o autoridades tutelares, habiendo comprobado que sólo hubo 12 casos de apropiación de menores. De esto resultó que: 1) ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos probados ni en ningún otro juzgó diciendo que formaran parte de plan sistemático alguno; 2) los responsables de los 12 casos mencionados (de los cuales sólo 2 eran militares) fueron enjuiciados.
En 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo, desplegando en los medios una intensa acción de propaganda, comenzaron una fuerte campaña denunciando “500 casos” de apropiación de menores pero, sin evidencias, pronto los redujeron a 240. Denunciaron luego sólo 194, después reducidos a 34, de los cuales, como hemos visto, sólo 12 fueron comprobados y 22 se mantenían en espera de pronunciamiento judicial. (39)
El ex fiscal adjunto actuante en el juicio a los comandantes, Luis Moreno Ocampo, dijo en 2003, en un reportaje periodístico, que [...] la sustracción de menores es cosa juzgada. Dentro de la denominada “Causa trece” se englobó todo y esto lo vengo diciendo desde hace años. Ya en 1998 había sostenido que Videla, al igual que el resto de los comandantes, había sido juzgado y absuelto por el delito de sustracción de menores.
Recordó que el otro fiscal, Julio Strassera, pidió expresamente que fuera castigado por ese delito, sin éxito. En su fallo, la Cámara Federal señaló que la sustracción de menores no formó parte del plan criminal aprobado por Videla, por lo que, nos guste o no, Videla ya fue juzgado, afirmó entonces. (40) El mismo art. 8, inc. 4 de la Convención de Costa Rica estipula claramente: El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
De lo expuesto, debemos inferir que no sólo resulta ruin, falsa y ridícula la denuncia, sino que, por el contrario, el único plan sistemático alrededor de este mito fue la devolución de los 227 menores por parte de las Fuerzas Armadas.
“EL ACCIONAR GENOCIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS”
Esta última engañifa ya no puede resultar sino ridícula. El “genocidio”, insistentemente denunciado por estos grupos por el alto impacto emocional que produce, es un delito internacional que consiste en la comisión, por funcionarios del Estado o particulares, de actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según la definición contemplada en la Convención de Ginebra de 1948.
Y, en honor a la auténtica verdad, ninguna de estas circunstancias se dieron durante la lucha de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales contra el terrorismo en la guerra que éste inició en nuestro país, ya que careció absolutamente de las motivaciones que definen al genocidio. Tampoco, de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, creado en Roma en 1998 y reconocido por la Argentina en 2000, pueden tipificarse así, técnica o jurídicamente, los actos realizados por las partes enfrentadas en nuestro país.
“TERRORISMO DE ESTADO”
Otra de las invenciones. No es éste un concepto jurídico sino una construcción política, promocionada por los compañeros de ruta de los auténticos terroristas dentro de las reglas de la desinformación y repetida hasta el cansancio por muchos periodistas y políticos, generalmente por razones ideológicas, por oportunistas o por “falta” de memoria o conocimientos. Así, montados sobre una historia falsa y asimétrica, han conseguido arraigar el concepto en la población e imponerlo internacionalmente, habiendo logrado consolidar públicamente hasta ahora la condena de “un solo demonio” –el único al que hay que castigar– y poder de esa manera mantener la impunidad de los criminales terroristas. Es una deformación semántica arbitraria, tendenciosa y falaz, que carece hoy de significado y valor jurídico: en suma, el delito de “terrorismo de Estado” no existe.
Los terroristas, con sus acciones, han violado normas del derecho internacional y cometido crímenes de lesa humanidad. Sus tácticas de combate deliberadamente han sacrificado inocentes. Es por eso que necesitan crear y sostener un escudo protector para imponerlo políticamente en los ámbitos nacional e internacional. La historia dice que la metodología del terrorismo la han utilizado siempre los más débiles contra los más fuertes porque es la única que les ofrece posibilidades de ganar. Así lo hicieron los Montoneros contra Perón, y lo hacen hoy ETA contra España y Al Qaeda contra Estados Unidos y sus aliados. Pero no la emplea el Estado. Sus agentes pueden cometer abusos, pero eso no es terrorismo.
La confusión en el lenguaje lleva a desórdenes conceptuales de fondo. Como dice Nicolás Márquez en La otra parte de la Verdad: Luego, la terminología utilizada por el régimen y sus asalariados iría mutando imperceptiblemente y en cuidadoso proceso camaleónico. Se habló primero de disputa entre “terroristas contra las FFAA”, luego de “jóvenes subversivos contra las fuerzas represivas” y finalmente de “jóvenes idealistas oprimidos por el terrorismo de estado”. Aquí no hubo “terrorismo de Estado”. Nadie aterrorizaba ni atacaba inocentes ni perseguía simples opositores políticos. Sí hubo operaciones militares contra los terroristas organizados clandestinamente en verdaderos ejércitos revolucionarios, operaciones calificables como máximo de “ilegales” desde la forzada visión de aplicarles una justicia de paz. Pero resulta curioso que estos grupos, autoerigidos en únicos tutelares de los Derechos Humanos, nunca les hayan aplicado este concepto a Cuba ni a la ex URSS.
Es inadmisible la recurrente y deliberada hipocresía o la simple ignorancia, para repetir este mito usando los elaborados eslóganes de los compañeros de ruta de los verdaderos terroristas para mantener su impunidad.
Imponiendo este concepto, los 21.642 actos de terrorismo y asesinatos perpetrados durante la década del 70 quedarán impunes y, en consecuencia, sus víctimas nunca tendrán una justa reparación histórica y sus victimarios no serán enjuiciados. De allí que impulsen el criterio por el que sólo deben ser procesados y condenados los agentes del Estado y no los terroristas.
Si fracasaran en imponer esa doctrina, los terroristas saben que más tarde o más temprano van a ser procesados.
Para evitarlo, se refugian en esa construcción política de “terrorismo de Estado” y ejercen su poder para imponerla. Por esa razón es que se presentan en los foros y seminarios internacionales como la vanguardia jurídica que busca consolidar esta deformación semántica.
Recordemos que las operaciones contra las organizaciones terroristas fueron iniciadas por un gobierno constitucional a partir de 1973, en ejercicio del monopolio de la fuerza y de sus legítimas atribuciones. Si estas operaciones generaron “terror”, sólo lo hicieron sobre las organizaciones subversivas. Sólo contra ellas ejerció el Estado ese monopolio legítimo de la fuerza. ¿Cuánto terror generó el ejercicio del monopolio de la fuerza en el común de la población? Sin dejar de reconocer que pudieron cometerse errores, la respuesta es: mínimo o nulo. Y ello puede verificarse en las publicaciones de la época.
Y A MÍ... ¿POR QUÉ ME MIRAN?
Pero, como dijimos antes, sin la colaboración de la sociedad, el implante de esos mitos no hubiera sido posible.
Esto pudo lograrse, en parte, gracias a la particular idiosincrasia e hipocresía de amplios sectores de nuestra sociedad, cuya versatilidad –que todos conocemos– los ha hecho fácilmente influenciables. Con una posición tornadiza y ambigua frente al terrorismo primero, dramáticamente paralizados por el pánico después cuando fueron objeto directo de la agresión, terminaron estimulando, aplaudiendo y hasta ensalzando a las Fuerzas Armadas, por haberlos librado del flagelo terrorista. Pero una vez sorteado el peligro, se volvieron contra ellas y terminaron repudiando “el golpe militar” para seguir representando el papel que siempre le ha gustado: de inocente y de víctima.
Cayó en la tentación de recurrir a la figura del “chivo expiatorio” para lavar supuestas culpas. Como Ernesto Sábato (41) o Jacobo Timmerman (42), por nombrar a dos paradigmas de esa actitud.
La enorme predisposición al olvido de la sociedad civil y la hipocresía de la dirigencia política permitieron que en 1984 Sábato se travistiera en héroe cívico y presidiera la CONADEP.
En otro artículo de la revista Geo (1978) decía Sábato para explicar el 24 de marzo: La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. (43) Otros argentinos adhirieron también, con diferencias de grados y matices, al régimen militar de 1976 y no tuvieron luego el valor de reconocerlo, olvidando que fue el factor militar el que impidió instalar en la Argentina un gobierno marxista–leninista, tal como abiertamente lo declaraban los terroristas en sus documentos y proclamas de público conocimiento.
Es también comprobable que la CGT siempre apoyó firme y explícitamente la campaña de las Fuerzas Armadas así como las de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en el tiempo en que las organizaciones terroristas accionaron en nuestro país, aun cuando hubiera gobiernos de facto. En noviembre de 1974 rindió homenaje a los oficiales de las FF.AA. muertos en la lucha antiguerrillera y en agosto de 1975 expresó en un comunicado su permanente identificación con los soldados de nuestro glorioso Ejército, en su lucha contra los terroristas.
Tampoco se libran de esta actitud numerosos políticos que el 26 de mayo de 1973 votaron la Ley de Amnistía 20.508 [...] cualquiera fuera el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho [...] (art. 1.a), dando paso así al recrudecimiento de la guerra, para terminar pidiendo a gritos que se persiga a los terroristas [...] como a ratas hasta sus guaridas para matarlos [...]. Sus declaraciones en las respectivas Cámaras formuladas entre 1974 y 1976, para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la lucha contra el terrorismo, pueden extraerse de los Diarios de Sesiones de esa época, aunque hoy... ¿quién se acuerda de lo que dejaron expresado en ellos?
Pero, según escribe Sebrelli en su libro antes citado, las palmas se las llevaría Alfonsín. Dice el escritor: Resulta insólito pensar que Raúl Alfonsín en 1977 propusiera una reforma constitucional estableciendo un poder conjunto de militares y civiles con presidente militar (cargo que ocuparía Videla) y primer ministro civil.
Esa salida a la portuguesa, según la denominaría el propio Alfonsín, fue pronto olvidada y por supuesto no figura en la foja del futuro jefe de la democracia. Y esto... ¿no es también parte de nuestra historia?
Hoy, mucha gente no va a decir lo que piensa porque sienten temor. Muchos que podrían escribir algo importante tampoco lo harán porque no querrán correr riesgos personales, corporativos o institucionales. Hay quienes prefieren no recordar por razones ideológicas; otros, por simple ignorancia o comodidad. ¿Cuál es hoy la actitud de las instituciones que en 1983 firmaron la solicitada Los argentinos queremos decirle al mundo que mencionamos antes? El misterio no es la desinformación, sino la voluntad de estar desinformado. La “mayoría silenciosa” del país, como paralizada, parece dejarse llevar sin importarle mucho la dirección adonde va. Será así muy difícil comprender y analizar el pasado con la perspectiva de hoy y mucho más hablar de él con verdadero conocimiento y ecuanimidad. Es hora de que la sociedad asuma su rol protagónico en busca de la concordia nacional y deje de practicar la política del avestruz. Escribía hace poco Sebrelli en el diario Perfil (19/03/06): Tenían su parte de razón, por esta vez, los militares cuando en el juicio a las Juntas y en posteriores declaraciones llamaban “hipócrita” a una sociedad que los había condenado sin piedad, después de haberlos alabado sin vergüenza.
Si la sociedad no acepta la circulación de moneda falsa... ¿por qué entonces permanece apática e indiferente a la circulación de una historia carente de rigurosidad, incompleta y, por sobre todas las cosas, distorsionada y fraudulenta?; ¿por qué se deja remolcar al análisis de hechos del tiempo pasado todavía reciente con los ojos del presente, de una época a la que no corresponden?; ¿por qué parece convencida de que el 24 de marzo del 76 cayó como un aerolito, del vacío y sin preaviso, y que las organizaciones terroristas no iniciaron un festival de desprecio por la vida humana varios años antes del 76? Decía Mariano Grondona: El dinero falso engaña mejor cuanto más se parece al verdadero, porque el engaño no se completa cuando el falsificador pone a prueba su ingenio, sino cuando el engañado asume sin quererlo el papel de ingenuo. Hacen falta dos para bailar el tango. Hacen falta dos, el astuto y el ingenuo, para consumar el engaño. (44) Alguien dijo que “la ignorancia hace obedientes a los cómodos”.
Si la sociedad y las instituciones, como se dice en un artículo del diario La Nación, [...] hubieran tenido una posición más firme frente a la violencia, si hubieran sabido defender el Estado de Derecho y los valores republicanos, la historia tal vez hubiera sido distinta. El silencio, las complicidades y el oportunismo de la sociedad permitieron que la violencia se abriera paso hasta llegar a un estadio cercano al de la guerra civil. (45).
Si hoy preguntáramos a los integrantes de esos sectores acerca de esos años y sus responsables directos e indirectos, es probable que la gran mayoría respondiera, como lo hacía Tato Bores en un recordado programa de TV... ¿y a mí ... por qué me miran?
LA CARA OCULTA DE ESTA HISTORIA
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), hemiplejia es la parálisis de todo un lado del cuerpo; de allí que podamos calificar así a la historia que pretenden contar los que perdieron la guerra de los 70, porque busca ocultar una parte del cuerpo histórico reciente de la Nación. Grupos coincidentes en intereses ideológicos, sectarios y políticos, bien definidos y generalmente sumados, buscan silenciar o presentar en forma arbitraria hechos del pasado cercano, para alcanzar y establecer una visión parcial e incompleta de aquellas circunstancias por parte de la sociedad, que les permita, a la vez que condenar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, glorificar la acción de los terroristas y exaltar su accionar como una memorable gesta –de una heroicidad revolucionaria digna de ser enaltecida– presentándolos al mundo no en su real papel de homicidas sino como víctimas de la represión estatal. Una falacia total.
Aquí debemos recordar al gobierno del Dr. Alfonsín porque, para subsanar esta hemiplejia histórico–política, prometió por medio de su ministro del Interior Dr. Tróccoli publicar El otro nunca más, la otra parte de la verdad, la parte de la historia maliciosamente velada y no cubierta por el Nunca Más. Esa promesa nunca fue cumplida. (46)
Pero, vayamos ahora a la cara oculta de esta historia incompleta que se quiere instaurar en la sociedad.
Para ello es bueno recordar que en 1970 el Muro de Berlín todavía existía y los terroristas eran entrenados en Cuba, Palestina y Libia, y recibían financiamiento de Cuba y la ex Unión Soviética. Esos países exportaron el terrorismo de Estado a toda Iberoamérica, incluida la Argentina.
EL INICIO DE LAS ACCIONES TERRORISTAS EN LA ARGENTINA
La primera guerrilla se inició en la Argentina en 1959, pergeñada desde Cuba por John William Cooke, con un heterogéneo conglomerado de jóvenes que se decían justicialistas. Con el nombre de Uturuncos se instalaron al pie del cerro Cochuna, a menos de 100 kilómetros de la capital tucumana, pero en poco tiempo una drástica represión policial y de la Gendarmería Nacional desarticuló a la banda y detuvo a casi todos sus miembros.
Luego, en 1961, comenzó a operar en Santiago del Estero el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), primera organización subversiva liderada por Mario Roberto Santucho –futuro jefe del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)–, destinada a conectarse con organizaciones similares que actuaran en el continente, difundir aspectos doctrinarios de la Revolución Cubana entre las minorías indígenas –que sufrían un desempleo creciente por el cierre de ingenios– y montar un grupo armado para adquirir el poder por la fuerza. No alcanzó a desarrollar acciones armadas.
En 1963, durante el gobierno del Dr. Guido (30/03/62–12/10/63), surgió en Orán, Salta, el denominado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), también organizado desde Cuba, conducido por el periodista argentino Jorge Ricardo Masseti y el capitán del ejército cubano Hermes Peña Torres, que había logrado establecer ramificaciones en Córdoba y Buenos Aires. Su misión consistía en crear un foco rural preparatorio para la llegada de Ernesto Guevara y respaldar el establecimiento de campamentos revolucionarios hacia el sur argentino.
Fueron ésos, clásicos episodios de guerrilla rural. Pero el primer típico caso de guerrilla urbana en la Argentina, se produjo el 29 de agosto de 1963 en la Capital Federal. Ese día, en una operación comando inusual para la época, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT) asaltó el Policlínico Bancario, apropiándose de 14 millones de pesos moneda nacional y dejando como saldo dos custodios asesinados. El grupo autor de esta primera acción urbana era un sector radicalizado escindido de Tacuara (que provenía a su vez de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios–UNES) y que había enfrentado decididamente a Perón en 1955, durante su segunda presidencia, en el conflicto que mantuvo con la Iglesia Católica.
Durante la presidencia del Dr. Illia (12/10/63-28/06/66), la Cámara de Diputados de la Nación, alarmada por la actividad guerrillera, interpeló a los ministros del Interior, Juan Palmero, de Defensa, Leopoldo Suárez, y de RR.EE., Miguel A. Zavala Ortiz. En esa oportunidad, 19/08/64, los funcionarios pusieron especialmente de manifiesto la preocupación gubernamental por los objetivos y planes cubanos de preparación de acciones armadas de carácter continental destinadas a implantar una guerra revolucionaria y la presencia en Cuba de centenares de jóvenes argentinos que habían viajado secretamente para recibir instrucción militar y afianzar su ideología, explicando la profundización de las operaciones contra el EGP ordenadas por el Presidente de la Nación.
Antes de fin de año, el EGP quedaba prácticamente liquidado por la Gendarmería Nacional, habiéndose logrado apresar a la mayoría de sus integrantes; en esas operaciones y mientras combatía en Orán, murió el cubano Hermes Peña.
También a partir de 1960 habían comenzado a actuar diversos grupos aislados de la llamada Resistencia Peronista, que protagonizaron acciones terroristas y huelgas revolucionarias en reclamo del regreso de su líder.
Para 1964, dichos grupos pasarían a conformar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), primera organización subversiva terrorista de importancia en la Argentina por su desarrollo y que tendría primordial presencia hasta 1971.
El 25 de mayo de 1965, Santucho, Hugo Bressano, militantes de segunda línea del Partido Comunista de Misiones y elementos vinculados con la izquierda del radicalismo, fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores –mediante la fusión del FRIP con la organización trotskista Palabra Obrera–, con el objetivo de actuar en el noroeste argentino. La composición de esa guerrilla y de todas las posteriores surgidas en la Argentina, tenía una importante masa de jóvenes de clase media y media alta.
El 29 de mayo de 1969 se produjo el Cordobazo. La ciudad de Córdoba quedó varias horas bajo un control subversivo perfectamente organizado, que desbordó a la policía local. La subversión se apoderó del núcleo urbano y bloqueó sus accesos. Se combatió en las calles con muertos, heridos y cuantiosos daños materiales.
Hubo incendios que se propagaron a casas y departamentos, y los bomberos no podían acudir en auxilio porque los subversivos les habían bloqueado el cuartel. Hubo de intervenir el Ejército y el retorno a la normalidad requirió varios días.
El 16 de septiembre de 1969, se produjo el Rosariazo, que duró dos días. Se quemaron alrededor de 100 colectivos, comercios, y numerosos trenes y varias estaciones de ferrocarril. Los daños superaron los 50 millones de dólares. Reconocía la Cámara en su sentencia:
Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de 1960, generando un temor cada vez más creciente en la población, a la par que una grave preocupación en las autoridades. (2)
LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL Y LA OLAS
Un hito importante en la política de subversión en Iberoamérica, que no debemos desconocer, fue la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana el 3/01/1966 (Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina – OSPAAL), cuyo objetivo era unir al Tercer Mundo en contra de Occidente y sus posesiones en todo el planeta, y sostener “la lucha armada”. Esta conferencia no sólo llevó a la creación de la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) en 1967, sino que resolvió que las actividades políticas deberían tener un estrecho correlato con actividades militares, uno de cuyos primeros ejemplos sería la acción guerrillera de Guevara en Bolivia.
Concurrió a la reunión inicial de la OLAS (31/07/67) una nutrida delegación argentina (180), entre quienes se destacaban John W. Cooke, representantes de distintos movimientos subversivos que cobrarían luego notoriedad como terroristas (Norma Arrostito, Roberto Quieto, Fernando Abal Medina –más tarde ejecutor del TGral. Aramburu–, entre otros) y el hoy conocido periodista “Pepe” Eliaschev. (47) La OLAS produjo varios documentos, pero el comienzo de su “Declaración General” –cuya parte resolutiva es de 20 puntos–, lo dice todo: el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente; dicho objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada.
En su punto 4 establecía Que todas las formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo fundamental que es la lucha armada. En esta declaración de guerra subcontinental que hacía la OLAS, se requirió que en todos los países sudamericanos se constituyeran Ejércitos de Liberación Nacional (ELN) con […] mando unificado político y militar como garantía para su éxito, en apoyo a la campaña que desarrollaba Ernesto Guevara.
Éste, a su vez, aseveraba: "[...] la guerra de guerrillas [...] se irá desenvolviendo y desarrollando hasta que el Ejército Guerrillero, en su crecimiento constante, adquiera las características de un Ejército Regular".
El ELN argentino estaba compuesto por tres elementos: el Sector 1, que incluía a los grupos que adherían al trotskismo (PRT); el Sector 2, que reunía a contingentes de origen o definida confesión marxista (PCR, FAR, FAL); y el Sector 3, que aglutinaba a agrupaciones de extracción peronista y “cristianos comprometidos” (FAP, Descamisados y Comando Camilo Torres, que años más tarde confluirían en Montoneros).
Después de esa declaración, las acciones revolucionarias en el continente se aceleraron notablemente, no sólo en el campo militar, sino también mediante acciones especiales de penetración en los medios culturales y periodísticos. Sin embargo, la muerte de Guevara, ocurrida pocos meses después (octubre de 1967), alteró los objetivos iniciales de los ELN y provocó que Castro decidiera que esas revoluciones no las podían dirigir comandantes cubanos sino cuadros propios de esos países, a los cuales había que preparar política y militarmente en Cuba, y darles apoyo económico y militar. Al iniciar los ELN las operaciones en sus países de origen, se fracturaron para constituir nuevas agrupaciones con diferentes nombres, que respondían más a los matices ideológicos y a las modalidades personales y operativas de sus jefes, que al objetivo final que compartían: la destrucción del sistema existente mediante el desarrollo de una guerra revolucionaria prolongada y su reemplazo por un Estado Socialista, similar al modelo marxista–leninista cubano.
El intento de tomar el poder por la fuerza, empleando la violencia armada, fracasaría en la Argentina estrepitosamente por dos factores: 1) porque jamás los terroristas lograron moverse entre el pueblo “como pez en el agua”, requisito exigido por Mao en su Manual de guerra de guerrillas y 2) porque las Fuerzas Armadas, apoyadas en un eficaz sistema de inteligencia y secundadas por las Fuerzas de Seguridad y Policiales, los derrotaron ampliamente en el terreno que ellos habían elegido, el militar.
ORGANIZACIONES TERRORISTAS PARA TODOS LOS GUSTOS
En el año 1970 nacieron tres organizaciones que tendrían enorme gravitación en la Argentina. La primera, Montoneros, surgió a la luz con el resonado secuestro y posterior asesinato del ex presidente Aramburu y su contingente fundacional contó con unos pocos componentes de la ultraderechista Tacuara, miembros de las juventudes de Estudiantes Católicos (JEC) y Obrera Católica (JOC) y católicos radicalizados. Se autodefinían como “peronistas” y exaltaban un difuso “socialismo nacional”. En sólo tres años, Montoneros tuvo un desarrollo formidable en base a sus “organizaciones de superficie”, como las Juventudes Peronista (JP), Universitaria Peronista (JUP), y de Trabajadores Peronistas (JTP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), entre otras.
Para 1975 se la consideraba la segunda organización paramilitar en el orden mundial, detrás de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
La segunda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) surgieron de un desprendimiento del Partido Comunista Argentino y, si bien eran decididamente marxistas, siempre consideraron al peronismo como la vía natural para acceder al poder. El 12 de octubre de 1973 se fusionaron con Montoneros, aportándole cuadros de alto nivel intelectual e ideológico que volcaron rápidamente al marxismo a la suma de ambas organizaciones.
Además, obtuvieron que se mantuviera el nombre “Montoneros” para que perdurara la imagen peronista inicial de la organización.
La tercera, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se creó el 29 de julio de 1970, durante el 5º Congreso del PRT, como “brazo militar del partido”. Si bien el PRT había adherido inicialmente a la IV Internacional (trotskista), al crearse el ERP ya prevalecía una clara orientación marxista con inclinación guevarista.
En 1970 también actuaban en nuestro país las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), de neta tendencia maoísta, surgidas de la suma de disidentes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y de la Federación Juvenil Comunista (FJC). Después de numerosos fraccionamientos y cambios de nombres, en 1974 constituyeron, entre otras, las Brigadas Rojas de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
Como otra de las organizaciones armadas subversivas de esa época, debemos citar a Descamisados, cuyos orígenes se remontan a 1964 con la formación del grupo denominado Movimiento Nueva Argentina, nacido de formaciones juveniles de la Democracia Cristiana (buena parte de sus integrantes realizaría en 1966 el Operativo Cóndor a Malvinas). Aunque de menor significación que las anteriores, adquirió papel protagónico en la actividad terrorista al consumar los asesinatos de los líderes sindicales Augusto Vandor (30/06/69) y José Alonso (27/08/70). Un cierto aire de misterio rodeó siempre a Descamisados que, hacia fines de 1972, se integró a Montoneros y dos de sus dirigentes alcanzaron puestos de relevancia en su Conducción Nacional: Roberto Cirilo Perdía y Horacio Mendizábal.
Respecto de lo narrado, decía la Cámara Federal en su fallo:
"El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional, con anterioridad a la década de 1970, pero es este año el que marca el comienzo de un período que se caracterizó por la generalización y la gravedad de la agresión terrorista evidenciada, no sólo por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas". (2)
Con las Actas Tupamaras (de los terroristas uruguayos) y el Minimanual del Guerrillero Urbano (del brasileño Carlos Marighella), esos movimientos guerrilleros crecieron soñando con la revolución. El mismo Perón, en una carta dirigida A los compañeros Montoneros el 20/02/71, les decía: [...] es preciso realizar un plan de provocación, otro de intimidación, otro de boicot y finalmente otro de sabotaje [...] Y han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente [...].
Pese a las diferencias, las organizaciones sólo competían entre sí por mostrar mayor capacidad de violencia.
En los hechos actuaron a veces aisladas y en otras ocasiones expresamente coordinadas, pero con el mismo objetivo común: “la toma del poder mediante la lucha armada”.
UNA GUERRA REVOLUCIONARIA
La guerra iniciada por el terrorismo subversivo en los años 70, y así reconocida como ya vimos por la Cámara Federal, constituyó el acontecimiento más grave y trascendente que vivió la República Argentina en el siglo XX, tanto por su irregularidad como por sus especiales características. Quienes dicen que lo ocurrido en nuestro país no fue una guerra, están negando la poco conocida y menos difundida –interesadamente– calificación del hecho como “guerra revolucionaria”, que realizaran los miembros de la Cámara Federal. Dijeron entre los argumentos de su fallo:
Que [...] Contemporáneamente y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado una nueva forma de conflicto armado que se ha dado en llamar guerra revolucionaria. Para Robert Thompson su mejor definición es: una forma de guerra que permite que una minoría, pequeña y despiadada, obtenga por la fuerza el control de un país, se apodere, por lo tanto, del poder por medios violentos y anticonstitucionales [...] (Guerra revolucionaria y estrategia mundial 1945-1969, Ed. Paidós).
Que [...] Conviene destacar que, de modo más o menos coincidente, los teóricos sobre el tema distinguen cinco fases dentro de la guerra revolucionaria, que caracterizan del modo que sigue:
Fase 1: Despliegue e infiltración en el país en que se inicia el proceso; organización clandestina del aparato revolucionario y agitación social.
Fase 2: Intimidación de la población mediante el terrorismo en sus distintas formas, como modo de obtener el desprestigio de la autoridad pública y privarla de consenso.
Fase 3: Control de la población para comenzar a volcarla hacia el marxismo o asegurar su pasividad.
Fase 4: Ejercicio de dominio sobre un espacio geográfico poblado para instalar un gobierno revolucionario y gestionar su reconocimiento internacional.
Fase 5: Pasaje a la ofensiva general; desarrollo de la guerra civil y apoderamiento del país [...].
Y finaliza: En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. (2)
No de otra forma podía concluir la Cámara. Aquella falsedad se encuentra hasta en la antípoda del informe Nunca Más, publicado en 1984, cuyo prólogo original comienza así: Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda [...].
En otro intento por desfigurar la realidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación decidió en 2006 incorporar un nuevo prólogo a la última edición del informe (sin excluir el original), porque [...] no reproducía la filosofía política que hoy anima al Estado en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. (48)
Si la calificación de la Cámara no fuera lo suficientemente clara, veamos lo que dijo el ERP en su órgano El Combatiente, en junio de 1974, durante el gobierno constitucional del general Perón: Siguiendo el exitoso ejemplo del pueblo y el ejército de liberación de Vietnam, ya se activan nuestras unidades rurales, transitando el concurso de la guerra revolucionaria hacia la patria socialista. La nueva etapa [...] indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país.
Esa “guerra revolucionaria”, planteada por las organizaciones terroristas y así reivindicada por sus principales figuras, como Firmenich, Santucho y Vaca Narvaja, entre otros, nunca respetó la Convención de Ginebra: en su forma urbana alteró varios factores que, como el terreno, desaparecieron y fueron reemplazados por la población, lo cual les permitió a los terroristas pasar a actuar en la clandestinidad y enmascararse con el común de la gente, para poder expandirse e infiltrarse en las estructuras oficiales y no oficiales, cuidando adoptar un modo de vida que no hiciera sospechar de ella.
La última expresión de la guerra revolucionaria se viviría en los años 80, cuando en el gobierno del Dr. Alfonsín el Movimiento Todos por la Patria decidió atacar el cuartel militar de La Tablada.
LOS EJÉRCITOS TERRORISTAS
El terrorismo no es espontáneo. Es un procedimiento orgánico y predeterminado, destinado a instalar un clima intenso e incomprensible de temor. Los mismos grupos terroristas se autodenominaban “ejércitos” en sus proclamas y documentos, y así lo precisó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en su V Congreso, en 1970, al fundar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También lo hacía Montoneros en sus Partes de Guerra.
Tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como Montoneros constituían verdaderas estructuras orgánicas militares y actuaron con sus propios criterios de combate. No eran partisanos (condición a la que no se le aplican las leyes de la guerra, aunque actuaron como tales en la totalidad de las acciones urbanas), ni grupos de delincuentes comunes o mafias que actuaban en provecho propio: eran organizaciones políticas y militares creadas para tomar el poder por las armas. Eran los brazos armados de las organizaciones terroristas que las mismas denominaron así, con la intención de desarrollarlos para enfrentar a las fuerzas regulares de la República. Muchos de sus cuadros fueron entrenados en escuelas para terroristas de Cuba, Libia, Nicaragua, Líbano, Palestina, Vietnam, la ex Unión Soviética y otros países comunistas.
Poseían uniformes distintivos, aunque no los usaban en los ámbitos urbanos para poder mimetizarse y confundirse con la población, pero sí en el ámbito rural y en los ataques a las guarniciones militares. Tenían mando dependiente del órgano político, grados, bandera (que no era la nacional), códigos de justicia militar, tribunales de justicia, reglamentos de instrucción militar, servicios de inteligencia de muy alta profesionalidad, una desarrollada logística (servicio de sanidad, fábrica de armas y explosivos –como las fábricas de armas y explosivos “José Sabino Navarro” de Montoneros y la “JCR-1” del PRT-ERP–, equipos de comunicaciones y de interceptación de radio y TV, depósitos de alimentos, armas de gran poder de fuego y municiones, imprentas, cárceles clandestinas), servicios de finanzas, de prensa, de propaganda y de relaciones internacionales.
La organización de tipo militar de esas bandas surge implícitamente de las acciones de mayor envergadura acaecidas contra instalaciones castrenses, entrenamiento previo en el manejo de armas y las modalidades de lucha adoptadas que evidencian a las claras un adiestramiento de ese tipo […] Las modalidades de militarización de estas bandas se acreditan con el material bibliográfico de estudio dictado por ellas […]. (2)
Sus manuales, códigos y reglamentos militares cubrían toda la gama de organización, adiestramiento y operaciones que, en detalle, contenían instrucciones sobre orden cerrado, capacitación física, criterios básicos de planificación operativa y logística, táctica, supervivencia, topografía, comunicaciones y sanidad, así como sobre la conformación de escuadras, batallones, etc. Dos fueron las fuentes principales para la obtención de recursos: el apoyo de terceros países y el dinero obtenido mediante robos a bancos o secuestros extorsivos a empresarios. Por la liberación de un fuerte comerciante de armas secuestrado, titular de la empresa Baraldo, el ERP 22 de agosto obtuvo 500 escopetas Batán calibre 12,70 (similares a la Itaka) y una gran cantidad de armas y municiones. (49)
La necesaria organización militar de los ejércitos terroristas de entonces se debió a la exigencia de sus objetivos, que han quedado claramente expuestos en muchas de sus publicaciones, en una de las cuales, y refiriéndose a la estrategia inicial de los primeros terroristas Montoneros, puede leerse: Para ir destruyendo paulatinamente a la fuerza militar enemiga se necesita construir un Ejército Popular de carácter regular, dotado de los elementos de la técnica militar, para afrontar con posibilidades de éxito el combate contra las unidades especiales de las fuerzas enemigas. Ése es el objetivo al que se dirige la iniciación de la guerrilla rural.
Su actividad debe asegurar la existencia de unidades militares que disputen el terreno y logren en determinado lapso la existencia de bases de apoyo y posteriormente de zonas liberadas [...]. (50)
En uno de sus libros, el ex subversivo Juan Gasparini, autodefinido allí como militante de FAR, luego de Montoneros y sobreviviente de la ESMA, tesorero de los secuestros de Montoneros (según Foro de Clarín, 12/10/03) y hoy residente en Suiza, afirmaba: A fin de “reconquistar el poder [...] tenemos que derrotar definitivamente al ejército de la oligarquía y el imperialismo. Para ello no bastan las movilizaciones, las huelgas, la lucha electoral, porque si bien las formas de lucha son legítimas, lo son encuadradas dentro de una estrategia de guerra popular ya que a un ejército se lo derrota con otro ejército”. Esa “guerra popular” debía “ser total, nacional y prolongada, pues suponía la destrucción del Estado capitalista y de su ejército” [...] y la formación de un “ejército popular”, lo que implica tiempo para desarrollarlo y además debido a las características del ejército enemigo, al cual no es posible derrotar en un combate y sí, en cambio, desgastarlo en la lucha a través del tiempo. (51)
A mediados de los años 70, los terroristas habían logrado tener en el país cerca de 5.000 combatientes (organizados, armados, equipados e instruidos para actuar en operaciones militares o paramilitares de alta intensidad) y 25 a 30.000 militantes “periféricos” comprometidos orgánicamente. Estos últimos, llamados “jetones” por los Montoneros, eran los que ponían la cara públicamente en nombre de la organización y, al decir de Gasparini, poquísimos tenían autoprotección [...] se los dejó a merced de sus propios medios [...] eran profilácticos.
Respecto de la capacidad de esos ejércitos, la Cámara Penal afirmó en su sentencia:
"[...] También está fuera de toda discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes; por su cantidad; por su estructura militar; por su capacidad ofensiva; por su poder de fuego; por los recursos económicos con que contaban, provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos; por su infraestructura operativa y de comunicaciones; la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad; por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados; la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación, tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares". (2)
Para mediados del 75, solamente Montoneros había logrado reunir 4.000 granadas (muchas de ellas SFM4 de fabricación propia), 1.500 granadas para fusil, 253 lanzagranadas, 1.500 kg de explosivo amonal y más de 850 kg de explosivo de alto poder, el C–2 (52) entre otras armas, para cuyo adecuado uso contaban con los correspondientes textos (Manual Popular de Caños Incendiarios del Ejército Montonero, Reglamento del Uso del Lanzagranadas SFM/LG22MP, Cartilla sobre Seguridad y Armas de Uso Defensivo, Manual de Identificación de los Elementos de la Granada SFM/G5, Cartilla sobre Explosivos y Armas Químicas y Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras).
Entre 1971 y 1972, ERP y Montoneros se centraron en el copamiento de comisarías para poder asaltar a voluntad sucursales bancarias. Éstos eran el contexto, la situación y el oponente pleno de “jóvenes idealistas”, en los que las Fuerzas Armadas habrían de empeñarse más tarde por orden de las autoridades constitucionales.
25 DE MAYO DE 1973. LA DESTRUCCIÓN DE LAS VÍAS LEGALES
En 1971, en los comienzos más agresivos del terrorismo, el gobierno de facto había intentado frenar los actos terroristas por métodos legales mediante la creación, por Ley 19.053/71, de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tribunal que significó la instalación de una estructura ágil y eficaz para procesar y juzgar a los implicados en delitos subversivos, dado que el Código Penal no resultaba apto para la situación existente. Esa Cámara, que comenzó a funcionar en junio de ese año con nueve jueces en tres Salas –uno por Sala hacía de instructor– y tres fiscales, con jurisdicción en todo el país y con procedimientos expeditivos de instancia única que garantizaron la defensa en juicio, no sólo demostró la actitud del gobierno militar de combatir la violencia terrorista mediante el imperio de la ley, sino que inició 8.927 causas, en poco tiempo procesó alrededor de 2.000 terroristas, dictó 283 sentencias condenatorias y absolvió a más de 500 procesados. Decía el Tribunal en la Causa 13:
Fue así que, a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista […] La mayor parte de esas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso del año 1973. (2)
El 25 de mayo de 1973 (¡un día difícil de olvidar!), Cámpora asumió la presidencia de la Nación flanqueado por Allende y Dorticós, presidentes de Chile y Cuba, respectivamente. Al día siguiente, el Congreso disolvió la Cámara Federal, derogó una veintena de normas destinadas a combatir el terrorismo por considerarlas “represivas” y modificó el artículo 80 del Código Penal para que el asesinato de los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales no mereciera la reclusión perpetua. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia estaba vacante porque sus integrantes habían renunciado al conocerse el resultado de las elecciones.
En la misma oportunidad, dictó la Ley de Amnistía General Nº 20.508 (solamente 2 diputados votaron en disidencia: Ricardo R. Balestra, del Partido Liberal de Corrientes, y Francisco J. Falabella, de la Unión Conservadora de Buenos Aires) que el Congreso aplaudió de pie y de la que hoy no se habla, que dejó sin proceso y liberó a más de 1.000 terroristas condenados o procesados judicialmente por aquella Cámara, a cuyo ex juez Quiroga los mismos terroristas asesinarían en 1974. Poco se ha meditado acerca de lo que esa ley significó como medio idóneo para destruir el orden de valores vigente en nuestro país. Además, por un decreto presidencial, se indultó a otros 370 con sentencia firme de la misma Cámara y se procedió a desmantelar en forma total el Poder Judicial. Acerca de la efectividad de esos juzgamientos y de los efectos de esa Ley de Amnistía, dijo la Cámara en su sentencia:
"Durante éste [año 1973], por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos –condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados– cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores". (2)
La sociedad, a través de sus legisladores, resolvió considerar actos lícitos de “resistencia a la opresión” a verdaderos crímenes de lesa humanidad, quebrando así un orden de valores que es el sostén del Derecho. Esta actitud dificultó notoriamente, cuando no imposibilitó, el combate legal contra la subversión. A partir de aquel día todo cambió y la vida argentina sufrió un dramático vuelco, del que aún no ha podido o sabido recuperarse.
Esa época quedó signada por el acceso al poder de las organizaciones subversivas, a través de la influencia que ejercieron sobre las autoridades que llegaron al poder el 25 de mayo.
Los terroristas volvieron con mayor organización y saña para acrecentar su actividad, reincidir en sus crímenes y volver a atacar con más violencia a la sociedad, envalentonados con la impunidad de sus delitos y con mayor convencimiento de que el objetivo de alcanzar el poder sólo era alcanzable a través de la lucha armada. El orden jurídico fue desbordado violentamente con la anuencia del Poder Ejecutivo y la inexplicable complacencia del Congreso.
Los efectos en la Justicia no se hicieron esperar y se produjo un verdadero éxodo de magistrados que la dejó prácticamente desmantelada. Sus puestos fueron cubiertos por el partido gobernante y en muchos casos por personas no capacitadas para la función. La calle no fue ya segura. Los pleitos derivaban en atentados cada vez más frecuentes e indiscriminados. Bombas en plazas a pleno día, en proximidades de escuelas en hora de salida de alumnos, con civiles inocentes que pagaban con la vida su presencia accidental en lugares públicos.
Esto no fue una sorpresa. Como respuesta a un llamado público del presidente electo Cámpora a una tregua por parte de las organizaciones armadas terroristas, Montoneros –que acababa de asesinar al Coronel Iribarren en Córdoba– emitía el 6/04/73 un Parte de Guerra en el que decía: [...] Con los votos al gobierno, con las armas al poder [...] seguimos apoyando nuestras ideas, nuestras organizaciones y nuestras armas en la persecución del enemigo para impedirle su reorganización y destruirlo, y el Comité Nacional del ERP daba a publicidad el 13 de abril una gacetilla de prensa, en uno de cuyos párrafos expresaba: Nuestra organización seguirá combatiendo militarmente a las empresas y a la fuerzas armadas contrarrevolucionarias [...] ¡Ninguna tregua al ejército opresor!
¡Ninguna tregua a las empresas explotadoras! ¡Fuera la legislación represiva y total libertad a la expresión y organización del pueblo! ¡Por la unidad de las organizaciones armadas! ¡A vencer o morir por la Argentina! (53)
En junio de ese año, luego de la instauración del gobierno peronista, los máximos dirigentes de las organizaciones subversivas que operaban en el país señalaban, por separado y en sendas conferencias de prensa ante el diario Clarín, frases como éstas: el ERP (representado por Santucho, Gorriarán Merlo, Urteaga y Molina) Continuaremos esta lucha hasta el triunfo final [...] [el ERP] continuará sin tregua sus operaciones contra las fuerzas armadas contrarrevolucionarias y contra las empresas explotadoras extranjeras o de capitales argentinos; y Montoneros (representado por Quieto y Firmenich) [...] nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral, es decir, la que se hace en todas partes, en todos los momentos y por todos los medios, con la participación de todo el pueblo en la lucha utilizando los más variados métodos de acción, desde la resistencia civil, pasando por las movilizaciones, hasta el uso de las armas. (54) Era, sin equívoco alguno, una guerra revolucionaria.
LA REACCIÓN OFICIAL AL TERRORISMO
Hoy, el terrorismo que proviene de los fundamentalismos religiosos ha sido calificado por el mundo como “salvaje”, “bárbaro” y “engendro irracional resuelto a destruir las sociedades civilizadas y republicanas”. Es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia. Y en verdad no difiere ése, en esencia, del terrorismo que se ejerce desde ámbitos supuestamente racionalistas, como el de la ETA o el iniciado en la Argentina en los años 60. Pero todos son malos ya que siempre utilizan a los ciudadanos como rehenes para intentar cambiar algo. Sus excesos son la norma, simplemente porque para una organización terrorista, son su razón de ser.
Los terroristas que promovieron la violencia en nuestro país, interrumpiendo con sus crímenes el normal desarrollo de nuestra vida ciudadana, buscando el terror y la neurosis en la sociedad, han matado a destajo y sin motivos, pretextos o disculpas valederas. La lucha contra sus estructuras, altamente profesionalizadas, se convirtió en una ardua y muy peligrosa tarea.
El grado de aumento y virulencia de los atentados realizados por las organizaciones subversivas contra objetivos civiles o personas inocentes o no combatientes después de la Ley de Amnistía del 26 de mayo, el desmantelamiento de la Justicia, la situación de desborde policial y el quebrantamiento de la paz, obligaron por expreso mandato de Perón, a la renuncia de Cámpora (sólo gobernó 49 días) y al posterior endurecimiento del gobierno con los cada vez más organizados ejércitos terroristas.
Consistió generalmente en ataques individuales a personas y bienes, incluyendo asesinatos y secuestros que por su generalidad hacían muy difícil la prevención de los ataques. Así lo explicaron Ítalo Argentino Luder, […] Rocamora, […] Gómez Morales, […] Ruckauf, […] y otros. […]. Resultaron afectados todos los sectores de la vida nacional, aunque en especial fueron objeto de ataque integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, y bienes afectados a su función [...]. (2)
El 21 de junio, días antes del “despido” de Cámpora, Perón había dicho sin rodeos en el segundo discurso desde su regreso: Conozco perfectamente lo que está pasando en el país […] A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar su escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy queda. Guay de los que carecen de sensibilidad o imaginación para no percibirla.
Con la renuncia de Cámpora y por imperio de la ley de acefalía, asumió interinamente la presidencia Raúl Lastiri y convocó a nuevas elecciones. Las decisiones de cómo enfrentar la guerra se comenzaron a tomar en ese clima y llevó al gobierno a emitir los siguientes Decretos:
Nº 1.545 del 24/09/73: firmado por el presidente provisional Lastiri, bajo expresas directivas del General Perón, declarando ilegales al ERP, al PRT y a sus colaterales [¿por qué no se hizo lo mismo con Montoneros que ya acumulaba muchos asesinatos?].
Otro, de fecha 28/09/73: firmado también por Lastiri tres días después de que Montoneros asesinara al Secretario de la CGT José Ignacio Rucci –hombre del círculo de confianza de Perón–, facultando a los sindicalistas a portar armas legalmente.
El asesinato de Rucci, ajusticiado por Montoneros –así lo declararon ellos– (55) el 25/09/73, mediante más de 50 disparos efectuados desde varias posiciones, fue un acto destinado a condicionar la política de ese Perón debilitado, cambiándole las relaciones de fuerza por medio del apriete y las acciones sediciosas, buscando volcarlo a la instauración del socialismo revolucionario en la Argentina. Ese crimen había conmovido a la clase política de tal modo que el propio Congreso comenzó a expresarse en una forma hasta entonces inusual, no sólo reconociendo la guerra sino reclamando una decidida reacción a la agresión. Un ejemplo fueron las duras palabras del diputado justicialista Stecco, que recomendó en su Cámara la sanción de leyes que otorgaran amplios poderes a las FF.AA., sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguir a los subversivos hasta sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este suelo (Diario de Sesiones, páginas 2.506, 2.532 y 2.533).
Durante la presidencia de Lastiri y como respuesta al asesinato de Rucci, Perón –no siendo aún presidente – ordenó emitir una “Directiva Reservada” a ser cumplida por el gabinete nacional y la totalidad de los gobernadores justicialistas, en la que, entre otras cosas, mandaba implementar una “estructura especial” para defender al gobierno y evitar acciones en su contra, y eliminar del Movimiento Justicialista todo vestigio de marxismo excluyendo a los infiltrados. Perón sacaba de la galera “la patria peronista” para librar al país de “la patria socialista”.
La sociedad parecía esperar esa medida porque, al día siguiente de publicada, los teléfonos de las comisarías y de las unidades militares no dejaban de sonar para recibir las denuncias de la población sobre los movimientos y supuestos refugios de los terroristas subversivos.
Con el 64,6% de los votos, contra el 22,6% logrado por la fórmula Balbín-De la Rúa, Perón asumió la presidencia el 12 de octubre de 1973, con un nuevo estilo político, más tolerante y flexible que el que había evidenciado en su anterior experiencia en el poder. Pero este nuevo estilo se inscribía en el marco de una Argentina violenta, donde las organizaciones armadas –peronistas y no peronistas– continuaban su lucha por la “liberación”, y el liderazgo de Perón parecía insuficiente para contener los diferentes proyectos en pugna y sus distintas estrategias.
En ese mismo mes, Perón creó una Central de Inteligencia que terminó transformándose en el grupo clandestino contraterrorista que se conoció como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, destinada a combatir a las organizaciones de ultraizquierda más radicalizadas, las cuales se vieron sacudidas y sorprendidas al ver que se les respondía con su misma violenta metodología. Operó hasta fines de 1975 y contribuyó a acentuar el caos interno. De ella, posteriormente, Amnesty Internacional diría tener pruebas para incriminarla en 1.500 muertes en 18 meses.
El 1° de mayo de 1974, en la histórica Plaza de Mayo, se celebraba el día con una masiva concentración a la que asistían decenas de miles de personas de todos pelajes, entre ellos las columnas de Montoneros y de la Juventud Sindical, dos grupos completamente antagónicos. Unos gritaban: ¡¡¡patria socialista sí!!! Otros:
¡¡¡patria peronista sí, patria socialista no!!! Palos, cadenas, patadas y puñetazos marcaban la línea de separación espacial e ideológica entre sindicalistas y Montoneros. Ya hemos visto cómo y con qué frases echó Perón de la plaza a los Montoneros. El acontecimiento marcaba el inicio de lo que vendría inmediatamente: la guerra no declarada entre la “patria socialista” y la “patria peronista”.
El accionar subversivo desplegó toda su furia durante el gobierno de Perón y más aún en el de su esposa, llegando a sobrepasar la capacidad de represión de las fuerzas policiales y de seguridad. El 19/01/74, se produjo el intento de copamiento de la Guarnición Militar Azul con las consecuentes muertes del Jefe de la misma Cnel. Gay, su esposa y un soldado, y el secuestro del TCnel. Ibarzábal (posteriormente asesinado). El Presidente envió un mensaje a los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición diciendo, entre otras cosas: […] que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para el bien de la República.
Tres días después habló por la Cadena Nacional de Radio y Televisión para referirse a ese suceso y, tratando al ERP de “partida de asaltantes terroristas”, dijo entre otras cosas: […] Ya no se trata de grupos de delincuentes, sino de una organización que actuando con objetivos y dirección foráneos, ataca al Estado y sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar el caos […] El aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una Patria Libre, Justa y Soberana […].
Explícito y con clara noción de la situación. Lamentablemente ni era tan reducido el número, ni los pudo exterminar en razón de su cercana muerte (1/07/74). Lector de historia política y militar, sabía Perón que no ha habido guerra revolucionaria marxista que haya sido vencida por una democracia ortodoxa. Para vencer la guerra revolucionaria, puesta en práctica aprovechando los beneficios y las libertades que da la democracia, había que apartarse de ella.
El 11 de agosto de 1974 se iba a intentar copar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca, acción que fracasó por circunstancias fortuitas al haber sido interceptada la banda, en la vía pública, por una comisión policial. Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento posterior en el que murieron dieciséis delincuentes y se secuestraron diversas armas y explosivos.
El 6/11/74, después de la incorporación de las FAP 17 de Octubre al ERP como […] forma de aportar y participar en el Proceso de Guerra Revolucionaria para la construcción del Socialismo […] según el comunicado hecho público en esa fecha, y del asesinato del Jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, y su esposa por parte de Montoneros (1/11/74), la Presidente de la Nación dispuso por Decreto 1368/74 el estado de sitio con suspensión de las garantías constitucionales. Dos días después, el diario Clarín titulaba su edición: Rige el Estado de Sitio. El Poder Ejecutivo fundamentó la medida en las amenazas a maestros y alumnos.
El Estado de Sitio fue posteriormente prorrogado por el Dr. Luder, Presidente Provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, por Decreto 2717/75. Decía al respecto la Cámara:
La actividad a la que se hace referencia se desarrolló con intensidad progresiva y alcanzó su punto culminante a mediados de la década ya que las bandas existentes, dotadas de un número creciente de efectivos, de mejor organización y mayores recursos financieros, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado. (2)
LA MULTINACIONAL TERRORISTA
Quienes hoy apuntan sus acusaciones al llamado Plan Cóndor ocultan que, entre 1967 y 1979, los autodenominados ejércitos terroristas desarrollaban una guerra revolucionaria integrados en una red internacional, con organización y apoyo logístico de la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) desde 1967 y la dirección de Fidel Castro. Durante un discurso ante la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, había dicho: El Che llamó al mundo para crear uno, dos, muchos Vietnam, un gran Vietnam. […] En el único lugar donde no intentamos promover la revolución fue en México. En el resto, sin excepción, lo intentamos […]. (56)
En la reunión inicial de la OLAS en 1967, como vimos, se estableció, entre otras resoluciones, que el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente; dicho objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada. Tal axioma se adecuaba perfectamente a una sentencia de Lenin: Ninguna revolución se realizó, ni puede realizarse, sin contar con la previa desorganización del ejército.
Pero para cumplir ese objetivo era necesario provocar a las Fuerzas Armadas, sacarlas a la calle y empeñarlas en una guerra revolucionaria para la cual, suponían los terroristas, no estaban preparadas. Y con ese propósito comenzaron a acrecentar drásticamente sus acciones para provocarlas, infundir el terror y el miedo en la población, y así forzar al gobierno constitucional a emplearlas en el conflicto. Su lucha no era frontal sino selectiva y sistemática, dirigida a objetivos que pudieran mermar la legitimidad del Estado por la vía del temor, para obligarlo a generar una respuesta desproporcionada.
Ya en 1974, el ERP comandaba una verdadera organización multinacional terrorista regional llamada Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), una red operativa pergeñada por el Partido Comunista de Cuba, con el cual el ERP trabajaba en estrecho contacto para mantener el control del proceso revolucionario continental. El lanzamiento internacional de la JCR se realizó en Chile en noviembre de 1972. Con una sede en París –coordinada por el cubano Fernando L. Chávez Álvarez, cuñado de Guevara–, luego trasladada a Lisboa, congregaba, además del ERP, a las organizaciones más identificadas con el marxismo–guevarismo: los Tupamaros uruguayos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno. De todo ello daban cuenta sendos editoriales de las publicaciones del ERP El Combatiente el 13 de febrero y Estrella Roja el 4 de marzo. Aunque no tuvo trascendencia por lo efímero de su duración, se intentó incorporar al Partido Revolucionario Paraguayo (PRP), que fue neutralizado en 1974, apenas iniciada su formación. (57)
La Junta, después de una reunión secreta realizada en Tucumán en mayo de 1975 por sus miembros más encumbrados, puso en marcha una operación destinada a iniciar la lucha armada para “la liberación del Hemisferio Occidental”, a la que denominó Plan Tucumán. Descubierto ese plan por la policía argentina unos meses después y ante la reacción coordinada de varios países latinoamericanos para impedir su realización, los miembros de la JCR decidieron buscar refugio en Europa, especialmente en Suecia, cuyo primer ministro Olor Palme era famoso por la “hospitalidad” que brindaba a fugitivos de todo el mundo. Dice al respecto Claire Sterling, destacada investigadora de las redes internacionales de terrorismo: Viviendo en el país, con subsidios generosos del gobierno [Suecia, 1977] se encontraban 400 desertores del ejército estadounidense, 4.410 argentinos, 397 bolivianos, 492 brasileños, 2.411 chilenos, 344 colombianos, 214 peruanos y 372 uruguayos […] Algunos de ellos eran simples refugiados y otros no tan simples. Para los terroristas profesionales que buscaban un refugio o reposo y recreaciones, Estocolmo […], era un hogar fuera de la patria.
Y refiriéndose a los “refugiados” latinoamericanos, agrega: Muchos de sus mejores guerrilleros estaban ya refugiados allí y la consecuencia fue la constitución de una Guerrilla Latinoamericana en Europa. Cuando su fuerza estuviera completa, se suponía que la brigada incluiría a 1.500 terroristas latinoamericanos competentes.
Cerca de la mitad de ellos se encontraban ya sobre el terreno, dispersos por el continente europeo y en Medio Oriente. La brigada tenía que […] establecer un enlace con el movimiento terrorista europeo, crear una atmósfera de pánico en el continente [americano] mediante actos terroristas, liberar a prisioneros políticos y acumular un botín de guerra, principalmente mediante rescates por secuestros y asaltos bancarios. (58)
“Operación Leo” u “Operación Europa” se denominaba el plan de los terroristas europeos, que dirigidos desde Estocolmo por el alemán Norbert Kröcher tenía por finalidad desestabilizar a la mitad occidental del continente europeo, desde Escandinavia a Gibraltar. Iniciaron su accionar en Francia, Alemania Federal e Italia, en apoyo de la liberación de terroristas presos, especialmente los de la banda alemana Baader Meinhoff. La Brigada Latinoamericana participaba de esas acciones. Arrestado Kröcher en abril de 1977, el plan cayó y produjo un reguero de reacciones antiterroristas: hubo expulsiones y juicios de subversivos de todas las nacionalidades en Suecia, en Alemania Federal, Francia e Italia. Dice Sterling en su crónica: Al interrogar a los cómplices latinoamericanos de Norbert Kröcher, la policía sueca los acusó directamente de actuar bajo las órdenes de una formación respaldada por Cuba que se denominaba Junta de Coordinación Revolucionaria. Muchos fueron expulsados de Suecia y otros países de Europa, aunque sin juicio.
Ricardo Burzaco, en su libro Infierno en el monte tucumano, indica: En Roma fueron detenidos y expulsados gran cantidad de subversivos pertenecientes a Montoneros […] Gran parte de los guerrilleros argentinos expulsados de Europa, recalaron en Nicaragua y formaron parte de las fuerzas sandinistas. Los detalles completos del Plan Tucumán u Operación Europa, fueron publicados por el Economist Foreign Report el 23 de marzo de 1977. El más minucioso y completo relato de las acciones coordinadas y dirigidas por Kröcher puede encontrarse en el libro Operation Leo escrito por Hans Hederberg.
Decir que “el terrorismo argentino no era internacional, sino local” no sólo es un grueso error sino una gran mentira como ha quedado atestiguado –entre otros muchos documentos de la época– en la revista Estrella Roja (órgano del ERP) del 4/03/74, que menciona la “declaración conjunta” realizada ese año por el MLN (Uruguay), el MIR (Chile), el ELN (Bolivia) y el mismo ERP de Santucho, para […] llevar a la práctica el principio del internacionalismo proletario y revolucionario […].
La finalidad de las organizaciones integrantes de la JCR era unificar estrategias y procedimientos para la toma del poder mediante la lucha armada en sus cuatro países, fijar pautas de colaboración política, material y financiera entre ellas y establecer una Escuela de Cuadros común que permitiese la formación de líderes revolucionarios capaces de coordinar su acción. Disponían de importantes bases de operaciones establecidas en Francia, Portugal, Italia, España, Suiza, Suecia, Paraguay y Venezuela, contando para ello en esos países con el apoyo de las izquierdas social–demócratas vernáculas. De hecho, el ex presidente Mitterrand y su esposa apoyaron, en más de una oportunidad, a notorios subversivos argentinos en sus giras europeas a mediados de los años 70.
La idea de lograr la unidad de esos grupos revolucionarios marxistas se constituyó en la razón de ser de la JCR, para lo cual procuraron lograr e intensificar los contactos con organizaciones extremistas de Sur y Centro América e incluso de los EE.UU. En abril de 1975, la JCR celebró su primera conferencia pública en Portugal para anunciar la apertura de sus sedes en Lisboa y París. Para esa fecha ya se habían establecido fluidas relaciones y contactos periodísticos con organizaciones terroristas subversivas de Europa, como ETA–Patria Vasca y Libertad (España), Brigadas Rojas (Italia), Baader Meinhoff (Alemania) e IRA (Ejército Republicano Irlandés).
Se reunieron así casi 50 mil terroristas luchando en 5 países bajo la conducción de Manuel Piñeyro (Barba Roja) –jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba en el Ministerio del Interior de Cuba– y su esposa, quienes coordinaban desde La Habana las acciones guerrilleras de decenas de movimientos de izquierda que se entrenaban en Cuba. Él entrenó en la lucha de guerrillas, y en la fabricación y uso de armas y explosivos, a casi 3.000 guerrilleros argentinos que pasaron por aquella isla.
Al hacerse pública la existencia de la JCR, la reacción de los países agredidos fue establecer normas de apoyo mutuo y coordinación de inteligencia, para prevenir y desbaratar los ataques de esa supranacional del terrorismo, organización a la que se dio en llamar “Plan Cóndor”.
LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN EN 1975
La violencia política, la corrupción y la ingobernabilidad eran las claves que determinaban la política a comienzos del año 1975. La extremada gravedad de la situación, con un Estado débil, errático y en crisis –social, política y económica–, y una población civil aterrada por los múltiples y arteros atentados terroristas, había llevado al ministro de Defensa, Tomás Vottero, a expresar: […] que ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo. La posición del ministro reflejaba el criterio sustentado por numerosos dirigentes políticos, impresionados por la guerra e impotentes ante la cruel embestida terrorista, de emplear las Fuerzas Armadas para combatir la subversión. Paradójico resultaba que quienes habían fomentado la subversión eran ahora quienes pedían que se la aniquilara.
La gravedad de la situación en 1975, debido a la frecuencia y extensión geográfica de los hechos terroristas, constituyó una amenaza para la vida normal de la Nación, estimando el gobierno nacional que los organismos policiales y de seguridad resultaban incapaces para prevenir tales hechos. Ello motivó que se dictara una legislación para la prevención y represión del fenómeno [...]. (2)
Decidir en esos días el empeñamiento de las FF.AA. en el conflicto era un acto de gravedad extrema que debía ser resuelto a conciencia por las autoridades. Y así lo decidió el gobierno constitucional a través de los siguientes decretos:
Nº 261 “S” del 5/02/75 (origen formal de la denominada Operación Independencia) dictado por la presidente M. E. M. de Perón, ordenando al Comando General del Ejército […] ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán donde, desde principios de 1974, el PRT–ERP operaba con su Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” (59) para establecer una zona liberada con reconocimiento internacional, mientras hacía aprestos para instalar otra en el Chaco (lo rubricaron: los ministros Benítez, Rocamora, Savino, Ivanissevich, López Rega, Gómez Morales, Vignes y Otero).
Nº 2.452 del 6/09/75: dictado por la presidente M. E. M. de Perón, en cuyos considerandos se afirma que […] el país padece el flagelo de una actividad terrorista y subversiva que no es un fenómeno exclusivamente argentino. Que tal internacionalización dificulta en gran medida la total represión del terrorismo y el proceso de pacificación argentino, lo que exige extremar las medidas tendientes a este objetivo […] Que esa actitud configura el delito de sedición […] que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan y la fomenten […] que en tal situación se encuentra el grupo subversivo Montoneros sea que actúe bajo esa denominación o cualquier otra (rubricado por los ministros Damasco, Garrido, Emery, Corvalán Nanclares, Ruckauf y Arrighi).
Nos 2.770, 2.771 y 2.772 del 6/10/75: una angustia estresante ante la ingobernabilidad manifiesta obligó a la Sra. de Perón a tomar licencia por prescripción médica, debiendo hacerse cargo del Ejecutivo el 13/09/75, el Vicepresidente Provisional del Senado Dr. Ítalo Luder, quien, ante la escalada terrorista marcada el día anterior por el asalto al cuartel de Formosa, emite estos decretos mediante los cuales subordina las Fuerzas de Seguridad y policiales provinciales al PEN y amplia la misión de las Fuerzas Armadas a todo el territorio de la Nación. El primero constituía los Consejos de Seguridad Interior y de Defensa, estableciendo sus competencias; el segundo colocaba bajo control operacional del Consejo de Defensa al personal y medios policiales y penitenciarios para su empleo en la lucha antisubversiva; y el último disponía: Las FF.AA., bajo el Comando Superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país (lo rubricaron los ministros Manuel Araux Castex; Tomás Vottero; Carlos Emery; Antonio Cafiero; Carlos Ruckauf y Ángel F. Robledo).
¿Cuántos asesinatos, secuestros y actos de terrorismo tuvo que soportar la sociedad para que el Poder Ejecutivo dispusiera la contraofensiva terrorista? ¿Cuántas personas inocentes tuvieron que morir para que el Congreso se diera cuenta de la gravedad de la situación? Se comenzaba a notar el nerviosismo que se vivía y ya nadie quería más atentados. El 17 de octubre, asumió nuevamente la presidencia la Sra. de Perón.
LA INEXISTENCIA DE HERRAMIENTAS LEGALES ANTISUBVERSIVAS. ¿LOS RESPONSABLES?
Como señala el FORES en Definitivamente… nunca más: […] lo cierto es que en 1974, cuando el gobierno de Isabel Perón da las primeras órdenes de represión, no existían en la Argentina vías legales adecuadas y eficientes para combatir la subversión. Ésta es una realidad irrefutable. La cuestión es, entonces, analizar cómo se llegó a esta situación y quiénes son los responsables. (60)
Y agrega: […] recae, en primer lugar, en los políticos que entonces actuaban en los partidos mayoritarios.
Ninguno de ellos supo analizar la situación y comprender la profundidad que el tema tenía para el futuro del país. Ninguno supo vislumbrar la gravedad de la situación y de las decisiones que debían tomar. Los dirigentes de ambos partidos cayeron en actitudes demagógicas y cedieron a la presión de la subversión y de quienes, directa o indirectamente, les hicieron el juego […] Una parte del periodismo, también fue responsable, en la medida que apoyó calurosamente lo actuado. Llegó luego el vaciamiento de la Justicia. En este caso, la responsabilidad debe atribuirse al partido peronista en forma especial, pues con propósitos de comité, la propició y consumó. La ciudadanía, casi sin excepciones, permaneció callada. (61)
A su entender, cinco causas principales contribuyeron a ello, amén de otras de menor importancia:
n la Ley de Amnistía,
n la disolución de la Cámara Federal en lo Penal,
n el vaciamiento de la Justicia,
n la derogación de las leyes antisubversivas y
n las acciones de los terroristas para eliminar vías legales.
Refiriéndose luego a la responsabilidad de la subversión en los métodos de la represión dice: La subversión asoló América con toda premeditación, sabiendo que sus instituciones eran débiles y sus sistemas de aplicación de la ley ineficientes. Previeron y buscaron el surgimiento de la represión ilegal y los réditos políticos que les depararía frente a la comunidad internacional y trabajaron para lograrlo. Es por ello que los terroristas buscaron desafiar a los gobiernos constitucionales peronistas para que los combatieran fuera de la legalidad, ya que eso favorecía a sus miembros, presentándolos al mundo no en su real papel de delincuentes internacionalmente peligrosos sino como las víctimas de una represión ilegal.
La estrategia inicialmente adoptada para lograr la destrucción de las vías legales fue jaquear y combatir a la Cámara Federal en lo Penal Especial, desafiando a sus magistrados e instándolos a que se los combatiera con las mismas armas que ellos, alegando que con el sistema legal jamás los vencerían. Esto demuestra que ya en 1971 los terroristas tenían claro su objetivo, orientándose hacia fines muy definidos: 1) impedir el funcionamiento de las vías legales atemorizando a los jueces, 2) jaquear y provocar a las FF.AA. y 3) provocar la “injusticia” de la represalia, que siempre conlleva la adhesión de las organizaciones humanitarias. (62)
Nadie asumió, ni entonces ni hoy, la responsabilidad en el proceso de destrucción de las vías legales que, a partir del 25 de mayo, abrieron las de la guerra. Decía el FORES: La Justicia prácticamente dejó de existir en la generalidad de los casos y especialmente en el juzgamiento de la subversión, no habiéndose registrado una sola condena por actos terroristas a partir de 1973 (63). Los diarios de entonces informaban el grado de improvisación, indecisión y parálisis que se verificaba en los tribunales de justicia, haciendo constar el temor de los jueces por las amenazas que recibían ellos y sus familias. Se callan también las responsabilidades de los sectores que propiciaron y alentaron a las organizaciones terroristas. ¿Algún político reclama hoy autocrítica a su corporación y a los miembros de las organizaciones terroristas, sus benefactores, encubridores y cómplices?
Las Fuerzas Armadas no tuvieron mayormente que ver con esa insólita cadena de errores, que escalaron la violencia hasta el punto crítico del más completo descontrol y que desembocaría sin remedio en el 24 de marzo de 1976. Los temas de esa índole competían entonces a las Fuerzas de Seguridad, a la Policía y a la Justicia.
Los decretos del Poder Ejecutivo que pusieron las Fuerzas Armadas en operaciones dieron cuenta a la sociedad de las dificultades insuperables que complicaban la respuesta policial.
Así se escribió el prólogo de lo que sería el gran drama argentino. La corporación política, que primero desarmó todas las instituciones que posibilitaban reprimir legalmente a la subversión, ordenaba ahora a las FF.AA. que la combatiera como pudiera, sin leyes ni estructuras legales adecuadas. Cuando el peronismo asumió el gobierno el 25 de mayo de 1973, cientos de terroristas y la mayoría de sus jefes estaban en prisión. Quienes les abrieron las puertas con amnistía e indultos, ahora ordenaban que los volvieran a encerrar. ¿No resulta monstruoso?
Hoy nadie se hace responsable de ese desaguisado y los involucrados reniegan de lo actuado.
EL INICIO INSTITUCIONAL DE LAS OPERACIONES MILITARES
El 9 de febrero de 1975, el Ejército Argentino, en cumplimiento del Decreto 261, inició el operativo “Independencia” en la provincia de Tucumán para neutralizar o aniquilar la guerrilla que se había apoderado de áreas rurales. La operación consistió en establecer un cerco para impedir que la guerrilla escapara y luego penetrar en el monte para aniquilarla. Hubo 37 combates abiertos entre patrullas militares y columnas terroristas. Intervinieron las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, la Gendarmería Nacional y las Fuerzas Policiales de Tucumán y Federal.
En una reunión clave del gabinete nacional celebrada en Tucumán en octubre de 1975 el Dr. Luder, que estaba a cargo del gobierno, dijo: He convocado a los jefes militares para ver qué podemos hacer para parar el terrorismo que es incontrolable. Después de una puesta en situación acerca de la falta de experiencia de las FF.AA. en ese tipo de guerra (revolucionaria), el general Videla le propuso, en representación de los tres comandantes, cuatro alternativas, aclarando que todas serían cruentas. La más extrema de ellas —con la cual se estimaba que en un año y medio el terrorismo podía ser controlado— estaba basada en la descentralización, otorgando una gran capacidad operativa a los niveles inferiores. Ésta fue la que decidió adoptar el doctor Luder. (64)
Pese a que no estaban preparadas para una “guerra revolucionaria”, las Fuerzas del Estado iniciaron así las operaciones por disposición de aquellos decretos, actuando por lo tanto institucionalmente de acuerdo con las directivas y pautas impartidas por el Presidente. Todos sus cuadros actuaron cumpliendo órdenes expresas, siguiendo la cadena de mandos a cuya cabeza estuvieron inicialmente la Presidente de la Nación y el Dr. Luder (como subrogante de aquélla) hasta el 24 de marzo de 1976, y a partir de esa fecha los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se ha hablado hasta el cansancio de “obediencia debida”, pero nadie, absolutamente nadie, menciona la responsabilidad de quien dio las órdenes iniciales para que se cumpliera tal obediencia.
El sistema operativo adoptado, y por supuesto supervisado por la misma vía, fue uno solo y no sufrió cambios a partir del 24/03/76. La responsabilidad en la lucha contra el terrorismo quedaba encadenada así:
n Presidente de la Nación.
n Consejo de Seguridad Interior (Ministros del P.E. y Comandantes Generales).
n Consejo de Defensa (Ministro de Defensa y Comandantes Generales).
n Los tres Comandantes Generales (en el mando de sus respectivas fuerzas).
Entre otras cosas, la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa (“Lucha contra la subversión”), que constituyó la base para la organización de las operaciones y la coordinación entre las tres Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, indicaba que la ofensiva debía lograr transformar a la subversión en un tema de naturaleza policial para fines de 1976. En su art. 5º ordenaba detectar y aniquilar las organizaciones subversivas, y en el 6º.b.3 taxativamente mandaba aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas. (65)
Decía en un artículo periodístico el Dr. Florencio Varela: Las operaciones fueron documentadas, habiendo constituido ello la base para la producción de los informes semanales ordenados en el art. 11 de la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa. En esos partes quedó constancia por escrito del proceder de los participantes en cada acción. Nadie actuó por su cuenta. Todos los cuadros de las FF.AA. y de Seguridad actuaron cumpliendo órdenes […]. (66) En pocos meses, y según declaraciones de los propios subversivos, […] las FF.AA. inutilizaron 68 campamentos en la selva tucumana. (67)
Los decretos mencionados habían sido firmados por todo el gabinete. Siendo que la mayoría de sus ministros eran hombres de derecho, sabían que el desafío no era convencional y que no se encuadraba en el derecho internacional. Querían ponerle fin al terrorismo, con los medios que fueran. Ello significaba en los hechos que el Gobierno Nacional, en 1975, había resuelto que los subversivos fueran aniquilados en operaciones militares y de seguridad. No que fueran aprehendidos para ser juzgados o considerados beligerantes, sino lisa y llanamente aniquilados.
Y para quienes hoy quieren reducir el sentido del verbo “aniquilar” empleado en aquellos decretos y directivas (entre ellos sus firmantes), dado el carácter político partidario de ese gobierno, nadie parecería más indicado que su líder para ser el mejor intérprete del sentido de esas manifestaciones. En ese orden, recordemos que siendo ya presidente electo y en un reportaje del Giornale d´Italia expresaba Perón […] o los guerrilleros dejan de perturbar la vida del país o los obligaremos a hacerlo con los medios de que disponemos, los cuales, créanme, no son pocos […] Si la guerrilla insiste, sucederá lo que en Santiago [de Chile], donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros. Y que en ocasión del ataque a la Guarnición Azul del Ejército, había dicho que las grandes mayorías nacionales harían que el reducido número de psicópatas que va quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República y días después, por radio Nacional, que […] aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una Patria Libre, Justa y Soberana […].
En cuanto al modo de concretarlo, lo precisó sin vueltas en la reunión que tuvo el 22/01/74 con los 8 diputados nacionales que respondían a la Tendencia Revolucionaria de la Juventud Peronista y que fue televisada.
En una inolvidable filípica, definió entonces a la guerrilla, como una banda de asaltantes que invoca razones ideológicas o políticas para cometer un crimen y trató a los guerrilleros de mercenarios. En ese orden les aclaró:
No nos han pegado con saliva. Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no tenemos ley, el camino será otro, y les aseguro que puestos a enfrentar violencia contra violencia nosotros tenemos más medios posibles para aplastarlos, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes… Si no hay ley, fuera de la ley también vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la misma violencia. Ésa es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer: no tengan la menor duda. (68)
¿Estaría pensando Perón cuando hablaba en el ancestral adagio de que “el tiempo de las armas no es el tiempo de las leyes”?¿Se refería a eso Isabel Perón, cuando como Comandante Supremo de las FF.AA. visitó el cuartel general instalado en Famaillá, Tucumán, y después de revistar las tropas, les dirigió una encendida arenga en cuya parte final y más contundente les ordenó: A Dios rogando y con el mazo dando? (69)
Parece más que claro lo que proponía Perón, y los miembros de su partido en el Gobierno de aquella época no podían tener dudas sobre qué quería decir su jefe cuando hablaba de “aniquilar” o “exterminar”. La represión que siguió fue una secuela lógica de esa decisión presidencial. Cuando en febrero de 1975, las autoridades constitucionales asumieron la extrema responsabilidad política de ordenar a las Fuerzas Armadas entrar en guerra contra el terrorismo en la provincia de Tucumán –para extenderla en el mes de octubre a todo el país–, es obvio que conocían cuál era el adiestramiento que se les había impartido a sus cuadros para enfrentar una “guerra revolucionaria” en base a los reglamentos entonces vigentes. Estos reglamentos, dictados e impresos oficialmente a partir de 1968 por el Estado Argentino, y por lo tanto derecho positivo, explicaban y definían ese tipo de conflicto y preveían las acciones para combatir en él. De hecho la Directiva 1/75 ya mencionada calificaba al oponente como “enemigo” en su art. 6.a.1.
El 20/06/75 el ministro del Interior Rocamora daba, a requerimiento del periodismo, estadísticas que señalaban que desde el 25/05/73 a esa fecha se habían producido 5.079 actos terroristas, de los cuales 385 fueron homicidios. ¿Era esa la “juventud idealista, amante de la democracia”, a la que se quiere hoy exonerar de su gravísima responsabilidad histórica?
ATENTADOS, ATAQUES DE GRAN ENVERGADURA Y SECUESTROS
En nuestro país, los atentados terroristas fueron realizados contra todos los sectores de la vida nacional. No solamente contra militares y policías, legisladores, gremialistas, políticos y notorios representantes de la institucionalidad y del empresariado opuestos al asalto del poder, sino también contra ciudadanos inocentes, empleados públicos y privados, amas de casa, estudiantes, simples comerciantes, civiles sin ocupación comprometida, mujeres y hombres, ancianos y niños, argentinos y extranjeros, la mayoría de los cuales realizaba sus tareas ajenos a la lucha ideológica en curso. También fueron dirigidos contra plantas industriales, concesionarias de automóviles, bancos, laboratorios, estaciones ferroviarias, etc. No hubo miramientos; no se vivía en la Argentina, se sobrevivía… y con mucho miedo. No podía usarse el mismo camino; se desconfiaba de todos y de todo.
Entre los atentados de mayor repercusión pública cometidos antes de 1973 y durante los gobiernos constitucionales del período 1973/76, autoadjudicados por distintas organizaciones subversivas y de los que hoy muy pocos se acuerdan, estuvieron los atroces secuestros seguidos de muerte del ex presidente Aramburu (1970), del empresario italiano Oberdam Sallustro (1972), del TCnel. Ibarzábal (1974), del Director de El Día de La Plata David Kraiselburd (1974), del Cnel. Larrabure (1975) y del Cónsul estadounidense en Córdoba John Patrick Egan (1975); los asesinatos de los sindicalistas Vandor (1969), Alonso (1970), Kloosterman (1973), Rucci (1973) y Coria (1974), de los almirantes Berisso (1972) y Quijada (1973), del ex ministro Mor Roig (1974), del ex camarista Quiroga (1974), de los profesores Genta y Saccheri (1974) y de los Jefes de la Policía Federal Comisario Villar y su esposa (1974) y Gral. Cardozo (1976), entre muchísimos otros.
El concepto de la “lucha” contra políticos, gremialistas y militares que tenían los terroristas era esperarlos emboscados o disfrazados en la puerta de sus casas o en la calle y disparar indiscriminadamente contra ellos y sus familiares. Así cayeron los gremialistas Vandor, Rucci, Kloosterman, los ex diputados Uzal y Mor Roig, la hija de 3 años del Tcnl. Cabrera, el Cap. Viola y su hija de 4 años, el Gral. Cáceres Monié y su esposa, y los Capitanes de Navío (retirados) Bigliardi y Burgos, por nombrar sólo algunos.
Muchos militantes subversivos, que fueron sometidos a “juicio revolucionario” y condenados a muerte por desertores, delatores o traidores, como Eliseo Córdoba, Adolfo Rotblat, Mario Cascotilla, Hilda C. Gerardini y Estela Eden, entre otros, fueron ejecutados por sus propios compañeros del ERP o de Montoneros (se cree que medio centenar en total). (70) En revista Evita Montonera, Nos 8 y 13, figuran condenas y ejecuciones, como la de Fernando Haybal, y juicios revolucionarios a Rodolfo Galimberti, Juan Gelman, Roberto Mauriño y otros. (2)
Ejemplo autoincriminatorio de ello es la descarnada carta que, a fines de 2004, Oscar del Barco envió a la revista cordobesa La Intemperie, en la que relata la ejecución de dos miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo (una fugaz y precursora organización armada de aquellos años) por los propios subversivos, y asume su responsabilidad por su apoyo a esa y a otras organizaciones armadas porque [...] también los “nuestros” secuestraron y mataron [...] también nosotros somos culpables de lo que sucedió. Otros subversivos, entre ellos algunos de alta jerarquía interna como el “comandante y oficial superior” Roberto Quieto fueron juzgados y sentenciados a muerte, pero la condena no se llegó a ejecutar.
También corresponden a esta época, en que las capacidades operativas terroristas habían alcanzado un nivel muy alto, los ataques de gran envergadura que realizaron contra unidades militares, tanto por la importancia de los objetivos como por el despliegue logístico y de combate que supusieron. Así conmocionaron a la Nación con los ataques y copamientos del Regimiento 10 de Caballería Blindada en la ciudad de Azul, de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos en Villa María, Córdoba, y del Batallón de Arsenales 121 en Fray Luis Beltrán, Santa Fe; los intentos de copamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 en Catamarca, del Comando de Sanidad en Capital Federal, del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa y del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno en Monte Chingolo (en este caso con 300 combatientes). Como también los atentados con explosivos contra la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, la fragata misilística Santísima Trinidad, en el Astillero Naval Río Santiago, y un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, en el Aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán.
En 1975, en otro audaz intento que resultó frustrado, después de excavar entre las cloacas de Buenos Aires, amuraron 70 kg de explosivos junto al túnel de Avenida del Libertador para hacerlos explotar cuando pasara la presidente M. E. M. de Perón y su comitiva, en su trayecto desde Olivos a la Casa Rosada. La virulencia de los atentados por parte de los terroristas hizo expresar al ministro de Defensa Vottero el 16/12/75 en la Escuela de Defensa Nacional: [...] es determinación del gobierno no dejar de hacer absolutamente nada de lo que esté dentro de nuestras facultades y de nuestro poder de decisión, hasta alcanzar su más completo exterminio. (71)
El ataque del ERP al Batallón de Arsenales 601, en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975, obligó a la Presidente de la Nación a dictar el Decreto 4060/75, extendiendo al Partido Auténtico la ilegalidad declarada respecto de Montoneros por el Decreto 2452/75, debido a que los dolorosos y lamentables episodios de los días 23 y 24 del corriente eximen de todo comentario y evidencian la peligrosidad de quienes están enrolados con la antipatria y a que el esfuerzo conjunto del pueblo de la Nación debe instrumentarse adecuadamente para la lucha y aniquilamiento final de la guerrilla subversiva y terrorista que ha sacrificado tantas vidas argentinas (lo rubricaron los ministros Aráuz Castex, Robledo, Vottero, Ruckauf, Arrighi, Cafiero, De Marco y Corvalán Nanclares).
El 15 de marzo de 1976, Montoneros realizó un atentado contra el Comandante General del Ejército, haciendo detonar una “bomba vietnamita” en el interior de un automóvil estacionado junto al acceso de avenida Madero del Edificio Libertador. Además de los daños materiales que se produjeron en un radio de 100 metros que afectaron varios edificios privados y públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, mató a Blas García, conductor de un camión que circulaba por la avenida Madero y dejó 26 heridos, entre ellos 11 civiles. La explosión ocurrió segundos antes del ingreso del General Videla por ese lugar. El 2 de julio, la misma organización terrorista hizo explotar una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, causando 23 muertos y más de 60 heridos.
Más allá de los asaltos a cuarteles y tomas de comisarías con robo de armamentos, los terroristas cometieron gran cantidad de secuestros de empresarios, algunos de ellos seguidos de muerte (Sallustro, Manoukian, Kraiselburd y Domenech), y asaltos y robos a entidades financieras, a bancos y camiones blindados, con cuyo producto financiaban sus operaciones. Un documento secuestrado en el año 1976 a la organización Montoneros titulado “Presupuesto Nacional”, correspondiente a los meses de junio a febrero, consolidaba la cantidad —para esos meses— en U$S 10.707.000 (diez millones setecientos siete mil dólares). Este documento fue difundido al periodismo junto con otros el 17 de abril de 1977.
Toda la infraestructura reseñada produjo, a las bandas terroristas, la imperiosa necesidad de obtener grandes sumas de dinero para financiarla. Ese capital fue obtenido principalmente a través de la comisión de hechos delictivos […] los secuestros ascendieron a 1.748 –la mayor parte de ellos con finalidad extorsiva y los robos de dinero sumaron 551. (2)
Debe tenerse en cuenta que algunos secuestros no fueron denunciados ni tampoco detectados por el Estado. La mayoría se llevó a cabo sobre empresarios nacionales y extranjeros en el país, a quienes mantenían en las denominadas “cárceles del pueblo”. El total del dinero que obtuvieron por ello las organizaciones terroristas y que se ha podido confirmar, supera los 96 millones de dólares (sólo el de los hermanos Born les reportó U$S 64 millones). Al respecto decía la Cámara Federal:
Esta situación se reflejó también en la acción de propaganda de estos grupos, lanzada masivamente en el período señalado hacia la población, no sólo a través de los medios de prensa tradicionales que, como es público y notorio, recibieron gran cantidad de mensajes, sino a través de su propia infraestructura de prensa que les permitió difundir una notable cantidad de panfletos y publicaciones en los que se hacía la apología de los delitos cometidos. Ejemplos de ello son las revistas Estrella Roja, Evita Montonera y Estrella Federal, entre otras [...]donde se informa detalladamente sobre algunas de las acciones más arriba mencionadas. (2)
EL 24 DE MARZO DE 1976 (“[…] UN ESTADO DE DESECHO”)
Ya en diciembre de 1975, se respiraba un aire inconfundible de vacío de poder y todos los diagnósticos apuntaban a recalcar su existencia en el país. La clase política, los medios de comunicación, la ciudadanía y hasta los terroristas (para “legitimarse”), esperaban una salida salvadora. Y todo ocurría bajo la responsabilidad de un oficialismo que no tuvo la capacidad para enfrentar la desastrosa vorágine política, social y económica en que había caído el país. Tampoco la tuvo la oposición: 48 horas antes del 24 de marzo decía públicamente Ricardo Balbín: Hay soluciones, pero yo no las tengo. Dirigentes de todo el arco político, incluso del propio oficialismo, y sindicalistas, confabulaban en reuniones con militares.
La inmediata salida viable era la renuncia de la Presidente, su reemplazo por imperio de la ley de acefalía y el llamado a nuevas elecciones, pero –según Luder– la Presidente “nunca estuvo dispuesta a ello”. La última herramienta constitucional destinada a evitar la quiebra de las instituciones, la destitución presidencial, se intentó a través de dos proyectos de juicio político –uno del diputado Valenzuela y otro del diputado Moyano–, pero ambos fueron rechazados. En verdad el PJ, que tenía mayoría parlamentaria, no quería “derrocar” abiertamente a la viuda de Perón y, además, sus dirigentes estaban seguros de que otro gobierno de jure no iba a poder solucionar el caos terrorista e institucional; ninguno de los últimos cinco lo había podido lograr.
Ello, verdaderamente, se constituyó en una exhortación virtual a las FF.AA. para que solucionaran de oficio lo que el gobierno y la dirigencia política no pudieron, no supieron o, lo que sería peor, no quisieron a esa altura asumir la responsabilidad de reestablecer el orden interno ante el ataque terrorista recurriendo a los mecanismos institucionales previstos en la Constitución. Pero... ¿quién se animaba a enfrentar el terrorismo de Estado que exportaba Fidel y asumir el costo político de combatirlo?
La coacción terrorista al Poder Judicial había resultado también efectiva: hasta el 24 de marzo, como dijimos antes, no se había dictado una sola condena contra los subversivos, pese a que los hechos terroristas habían aumentado exponencialmente. El diario La Opinión publicaba el 19/03/76: Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres.
Así se llega al 24 de marzo de 1976. La alternativa de asunción del poder (virtualmente abandonado por el partido gobernante) por parte de las Fuerzas Armadas, con un Estado en colapso, vías legales prácticamente inexistentes y una situación económica caótica, las ponía en una verdadera encrucijada, una encrucijada dramática.
Expresaba La Nueva Provincia el 24/03/2006, que las FF.AA. no pretendían “quebrar el estado de derecho” (como si hubiera uno) sino recomponer el “estado de desecho”.
Anhelada, alentada, aceptada y respaldada entonces por toda una ciudadanía aterrada ante la orgía de sangre que reinaba en el país, esa asunción se dio también con un gran apoyo popular del periodismo, incluidos los diarios más importantes de la prensa internacional como The New York Times, Washington Post y Le Monde.(72)
También la demandaban los partidos políticos, incluidos el oficialista y el Partido Comunista, como puede comprobarse de la lectura de todos los medios gráficos nacionales y extranjeros de la época. Después, ninguno se hizo responsable de la generación de la crisis que desembocó en aquel día de marzo (“el 24 de marzo venía aterrizando suavemente” en palabras de Torcuato Di Tella durante una audición televisiva). (73)
El consenso de la sociedad sobre el Proceso no fue fugaz. Duró varios años. Sin embargo y sin que nada de ello escapara a su conocimiento, Alfonsín afirmaría en el Decreto 158/83, que la Junta Militar usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y los mandos concibieron e instrumentaron un plan de operaciones basados en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. Como hemos visto, la verdad histórica es que lo primero no fue estrictamente cierto (porque exime de responsabilidad a quienes generaron las condiciones para la asunción de la Junta y oculta el aval de la sociedad para que ello ocurriera) y que el plan de operaciones fue ordenado instrumentar a los Comandantes, primero por Isabel Perón y luego por el entonces presidente Dr. Luder.
En vísperas del 30º aniversario de aquella fecha, la Comisión Permanente del Episcopado difundió el documento “Recordar el pasado para construir sabiamente el presente (15/03/2006) en el que reconocía que [...] En estos días los argentinos volvemos nuestra mirada al pasado para recordar el quiebre de nuestra vida democrática del 24 de marzo de 1976. Este hecho, acontecido en un contexto de gran fragilidad institucional, y consentido por parte de la dirigencia de aquellos momentos [...]. Como señalaba la revista Criterio en un editorial de esos días: Hay demasiados dirigentes irresponsables que están jugando a quedar bien colocados “para la próxima”, y que habiendo procedido como el administrador infiel del Evangelio, han previsto un cómodo retiro a la vida privada.
Todo ese período, tan importante, que corre entre el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976, parece haber sido borrado de la historia argentina. Con contadísimas excepciones, no se menciona en el periodismo gráfico, radial ni televisivo. Como si un remolino se hubiera tragado esa parte de nuestra historia. También lo omite deliberadamente el informe de la Conadep, aspecto sobre el cual no tenía limitación alguna según el Decreto de su creación; carece de la más mínima referencia tanto de la situación que se vivía en aquella época como de una represión que comenzó bajo el gobierno de Isabel Perón, mucho antes de la fecha de la que parte el Informe.
En cambio existe una superabundancia de campañas destinadas a hacer aparecer y fijar en la conciencia colectiva que al 24 de marzo de 1976 se llegó sólo por expresa y deliberada voluntad de un grupo de alucinados militares, contra la voluntad de la mayoría del pueblo argentino. Como si hubieran llegado montados en un “tsunami” sin que la sociedad tuviera aviso previo y (¡muy original!) sin causa que lo provocara, para alzarse con el poder. Cualquiera en su sano juicio puede imaginar que nadie transforma a los oficiales de las Fuerzas Armadas en una banda de sorprendentes asesinos que de la noche a la mañana pierden todo reflejo de la ética.
Pero nadie se volvió contra los que ordenaron esa aniquilación de la impopular guerrilla cumpliendo con la defensa del Estado agredido y adecuándose a lo escrito por Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974: a los terroristas hay que eliminarlos uno a uno, por el bien de la República (74) ¿Hasta cuándo la sociedad seguirá aceptando este grosero falseamiento de la verdad histórica?
SE ACERCA EL FINAL
Terminando el primer semestre de 1976, el debilitamiento de la guerrilla comenzaba a hacerse evidente:
empleaban cada vez más combatientes con poco entrenamiento y había terminado la guerrilla rural. El 5 de abril de ese año un atentado con explosivos produjo grandes daños en el Edificio Cóndor y el 29 fracasó el último de los grandes atentados con explosivos contra la dotación de los aviones Mirage de la VIII Brigada Aérea en Moreno, José C. Paz, por fallas en los artefactos. Tanto el ERP como Montoneros estaban políticamente aislados y sólo convocaban a sus propios militantes, ya quebrados desde el punto de vista militar.
En octubre de 1976, el Consejo Nacional de Montoneros –con admirable prudencia estratégica– decidió que sus oficiales superiores y mayores abandonaran el país para establecerse en el exterior. Esperando la caída del gobierno militar, los terroristas decidieron que quienes quedaran en el país deberían mantener el acoso, a costa de sangre, como trampolín para el regreso de aquéllos para reconstruir lo perdido en una nueva expansión, equivalente pero en un plano superior a la de los años 72/73. No pudo ser: en el primer trimestre de 1977, las Fuerzas Armadas, juntamente con las de Seguridad y Policiales, terminaron de desarticular a Montoneros como proyecto alternativo de poder.
En el mismo estado se encontraba el ERP, y Luis Mattini, uno de los cinco miembros de su Buró Político, lo describía así en su libro Hombres y mujeres del PRT-ERP: [...] apenas tres semanas del regreso de los delegados, se desató una ola represiva que golpeó sistemáticamente la estructura partidaria hasta dejarla prácticamente desarticulada. Los golpes de mayo de 1977 significaron la destrucción del PRT-ERP en la Argentina.
Pero aún tuvo fuerzas Montoneros en 1979 para: 1) en septiembre, demoler con explosivos la casa del Secretario de Coordinación y Programación Económica de la Nación Walter Klein con toda la familia adentro, que sólo resultó herida aunque sus dos custodios fueron asesinados, 2) en noviembre, para atentar contra la vida del Secretario de Hacienda de la Nación Juan Alemann, quien salió ileso, y 3) asesinar en el mismo mes al Dr. Francisco Soldatti y su custodio. Fueron los últimos muertos por la subversión antes del fin del gobierno militar. Con la mayoría de sus dirigentes en el exterior y graves disidencias entre ellos, las acciones terroristas en el país llegaban a su fin.
CRÍMENES TERRORISTAS DE “LESA HUMANIDAD”
Analizando tanto los documentos publicados por los propios terroristas (notables por su contenido autocondenatorio) en los que hacen públicos los hechos que perpetraron, como también el listado cronológico de los 21.655 crímenes de diversa identidad que cometieron dentro de un plan a todas luces sistemático, no queda duda alguna que tal como los definen las Naciones Unidas en su Res. 51/210 del 16/01/96 ([...] actos criminales con fines políticos concebidos para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas, destacando que tales actos son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos), quedan tipificados como de “lesa humanidad”, con carácter internacional. La definición es coherente con la prédica que viene sosteniendo desde hace décadas y de la cual es prueba palpable la resolución 304, adoptada en la sesión plenaria de 1972, sobre medidas para prevenir el terrorismo internacional.
También son de “lesa humanidad” de acuerdo con la definición dada en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) –ratificado por la Argentina el 8/02/2001– para los asesinatos, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, persecución de un grupo o colectividad con personalidad propia [...] cuando se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque “ (art.7.1). Aclara la CPI en ese mismo documento que: Por “ataque a una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con una política de Estado o de un organización de cometer esos actos o para promover esa política (art. 7.2).
También Amnesty Internacional reconoce que una de las formas con que el Estatuto distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales la Corte tiene competencia, es que tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Por consiguiente, dice que “pueden ser cometidos por agentes del Estado o personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los ‘escuadrones de la muerte’, o de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes”. (75)
A partir de esos claros pronunciamientos institucionales, no es posible sostener entonces que las acciones de las organizaciones terroristas fueron delitos comunes, como fraudulentamente se ha hecho creer, sino crímenes de lesa humanidad por haber sido “ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. A esto debemos agregar que los más virulentos fueron realizados durante gobiernos constitucionales –cuando los terroristas no tenían argumentos para alzarse contra ellos– tanto contra militares, policías o fuerzas de seguridad en situaciones en que los mismos no estaban combatiendo, como contra una población civil que tampoco combatía. La mayor cantidad de muertes (305) se produjo en el período de gobierno de Isabel Perón–Luder–Isabel Perón.
La metodología del terrorismo indiscriminado, “generalizado y sistemático”, iniciada el 12/03/60 y agudizada en el período 25/05/73–6/10/75 como consecuencia de la Ley de Amnistía de 1973, consistía en secuestros, atentados con armas o bombas y asesinatos. Harto claros son los considerandos que, al respecto, incluía la Cámara en su fallo:
[...] la actividad subversiva se manifestó a través de todo tipo de ataques individuales o colectivos, a personas o instituciones, generalmente llevados a cabo de manera aleve [...] algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar [...] (2)
Podría uno preguntarse, ¿qué clase de insondable odio los condujo a hacer lo que hicieron? Parecería que la respuesta estuviera en una frase de la admonición que el juez estadounidense William Young le hizo a un terrorista, después de condenarlo por abordar un avión de pasajeros ocultando un explosivo en la suela de sus zapatos, para hacerlo estallar tan pronto aquél levantara vuelo: [...] Me parece que usted odia una cosa preciosa.
Usted odia nuestra libertad, nuestra libertad individual, nuestra libertad para vivir como elegimos.
Según el Ejército Argentino (f. 318/323 del cuaderno de prueba de Viola aceptado por la Cámara en la Causa 13), como resultado de la actuación subversiva entre los años 1969 y 1979 se han registrado 21.642 delitos de diversa entidad, cifra que sirve como punto de referencia según la Cámara Federal, pero que con un promedio de 6 diarios y en conjunción con su listado cronológico, da claros indicios de su sistemática ejecución.
Discriminados resultan: 5.215 atentados explosivos; 1.052 atentados incendiarios; 1.311 secuestros de artefactos explosivos; 132 secuestros de material incendiario; 2.013 intimidaciones con armas; 52 actos contra medios de comunicación social; 1.748 secuestros; 1.501 asesinatos; 551 robos de dinero; 589 robos de vehículos; 2.402 robos de armamentos; 36 robos de explosivos; 40 robos de documentos; 17 robos de uniformes (militares y policiales); 19 robos de material de comunicaciones; 73 robos de material sanitario; 151 de materiales diversos; 20 copamientos de localidades; 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad; 22 copamientos de medios de comunicación social; 80 copamientos de fábricas; 5 copamientos de locales de espectáculos públicos; 261 repartos de víveres (robados o por extorsión; 3.014 actos de propaganda; 157 izamiento de bandera y 666 actos intimidatorios. (76)
De acuerdo con documentos de las propias organizaciones, sólo entre 1974 y 1975 –período en que no luchaban contra ninguna dictadura ni había un régimen despótico ni opresivo–, ellas cometieron 6.762 hechos terroristas. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, período durante el cual los terroristas subversivos cometieron el 52% del total de sus crímenes y los de las Triple A el 100%, ningún juez dictó condena alguna contra ellos por las amenazas a su persona y a sus familias, como ya lo señaláramos.
Hoy sus integrantes, que reciben un trato que sería inaceptable en sociedades civilizadas, están libres y sin cuestionamiento jurídico alguno pese a que, como vemos, no pueden eludir para sus crímenes la calificación de lesa humanidad. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué nunca llegó la hora de juzgar los 21.642 hechos terroristas cometidos por la “juventud idealista”? ¿Por qué han escapado, hasta hoy, al castigo que la ley reserva a cualquiera que atente contra la vida o la integridad de las personas y el orden público? Todos los tipos de atentados y crímenes cometidos por los terroristas han desaparecido del escenario como por arte de magia, y sólo ha quedado allí, como único y excluyente tema, el denominado –aunque no tipificado en ningún código nacional ni internacional– “terrorismo de Estado”.
Una dimensión esencial de ese proceso es la batalla entre el olvido y la memoria de los crímenes terroristas.
Sus intérpretes habituales llevan tiempo tratando de imponer un discurso justificativo de su pasado, en el que la violencia se banaliza y enmascara mediante eufemismos y las víctimas pasan a ser consideradas consecuencias inevitables de un supuesto “conflicto histórico”. Frente a ello se imponen las imágenes concretas de crueldad relatadas en sus propios documentos.
El gobierno de Alfonsín (pese al Decreto 157/83) y todos los que lo sucedieron se han convertido así en coadjutores de la mayor conspiración de silencio, ocultamiento, parcialidad facciosa e injusticia, de toda la historia argentina, sin justificación constitucional, legal ni moral, y a contramano de todos los instrumentos internacionales de derecho humanitario y de tutela de los derechos humanos, que –cual burla paradojal– hoy tienen jerarquía constitucional en la Argentina (art. 75:22 CN reformada en 1994).
PARA CONOCER MEJOR LA HISTORIA COMPLETA
¿Cómo contrarrestar la manipulación de la memoria y evitar que se silencie la verdad? Para conocer en profundidad la historia completa y los objetivos del terrorismo que asoló la Argentina en las décadas de los años 60 y 70, así como interpretar los hechos de hoy y lo que puede deparar el futuro que buscan, nada mejor que examinar los documentos, comunicados de prensa, partes de guerra, artículos y publicaciones de los propios terroristas, notables como dijimos por sus testimonios autocondenatorios, y en muchos de los cuales convocaban a la insurgencia armada.
Relatan en ellos, con total desprecio y frialdad, cómo ejecutaron los asesinatos, atentados, robos, secuestros extorsivos, etc., señalando inclusive a sus autores. En verdad describen la cultura de la muerte a la que ahora califican de “pasado glorioso”. Y así, tal vez sin proponérselo, han realizado por medio de esos documentos, un aporte inopinado al esclarecimiento de la verdadera naturaleza de la guerra interior que ellos iniciaron contra el Estado argentino y su sociedad. Allí no expresaban que las instituciones debían ser mejoradas, sino manipuladas, presionadas, ocupadas, hasta que pudieran ser destruidas y reemplazadas por otras que expresaran de modo directo sus objetivos e intereses.
La actuación de las bandas subversivas se caracterizó por la pública atribución de los hechos cometidos. Ello surge del “Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras” […] las distintas organizaciones subversivas emitieron una multitud de publicaciones y panfletos, donde a través de partes de guerra y comunicados daban detalles de los hechos cometidos [...]. (2)
Una muestra de ello la da Juan Gasparini en su libro Montoneros, final de cuentas refiriéndose a la estrategia de los primeros terroristas de esa organización: Se proponía “ir constituyendo el Movimiento Armado Peronista, que junto a otros grupos armados desarrollará la guerra popular para la toma del poder y la puesta en marcha del socialismo nacional” [...] A fin de “reconquistar el poder, para hacer posible el regreso de Perón y el pueblo al poder, tenemos que derrotar definitivamente al ejército de la oligarquía y el imperialismo. Para ello no bastan las movilizaciones, las huelgas, la lucha electoral, porque si bien las formas de lucha son legítimas, lo son encuadradas dentro de una estrategia de guerra popular ya que a un ejército se lo derrota con otro ejército”.
Ya parecía presagiar ese período y este presente Ricardo Balbín, innegable demócrata y republicano, al cerrar su campaña electoral en La Plata en septiembre de 1973, cuando entre otras cosas dijo: [...] no quiero gente armada que no pone su pensamiento sino en el ojo para ver a quién le va a tirar. Así, sin reconocerlo o queriendo, se ha fomentado una juventud para matar, para destruir. La toleraron, la utilizaron [...] y nosotros decíamos siempre ¡cuidado! No fomentarla. Porque algún día vendrá a presentarles cuentas. Y ahora tenemos el espectro de que hay sectores armados que ponen en peligro las instituciones, no porque sean fuertes, sino porque anarquizan el medio en que viven. (77) Y no se equivocaba el viejo caudillo.
Si la sociedad se esforzara por realizar un ejercicio de sincera imaginación sobre el tipo de país que tendríamos si –hipotéticamente y por ausencia de los decretos de “aniquilamiento”, de estricta falencia militar, de falta de colaboración de la sociedad para informar sobre refugios y movimientos de subversivos, y sin el apoyo de los países vecinos– se hubiera dado el triunfo del terrorismo subversivo, ¿se encontraría acaso con un símil de la Cuba de Fidel Castro, o del Chile de Allende?... ¿o tal vez del que acompañó a Cámpora en su gobierno (rechazado luego por Perón)?... ¿o del que esperaría Colombia si defeccionaran sus FF.AA.? Lo que sí con seguridad no encontraría serían las instituciones de la República, porque habrían sido barridas del mapa por las organizaciones terroristas que, como vimos, así lo habían manifestado en sus propias autobiografías.
Seguramente para dilucidarlo encontrará una gran ayuda en lo que en 1993 escribió en su libro El furor y el delirio el terrorista argentino Jorge Masetti (una verdadera catarsis en la que relata su ruptura con la revolución cubana): [...] Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia de Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América latina, donde, primero, hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo; y soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma. (78) Esto es una muestra de la historia que no se cuenta y que se oculta con propaganda.
Masetti, que hoy vive en Francia, tuvo fuertes experiencias guerrilleras y de inteligencia al servicio de Cuba, también en Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Italia, México, España y Angola.
Para contribuir al esclarecimiento del origen y la verdadera naturaleza de la guerra interior, vale la pena echar un vistazo a algunos documentos escritos por terroristas subversivos, que pueden encontrarse en archivos y bibliotecas públicas o librerías. Entre otros:
* Revista La causa peronista, Año 1, Nº 9, Eduardo Firmenich y Norma Arrostito (narración del ajusticiamiento del teniente general Pedro Eugenio Aramburu).
* Colección de la revista El Combatiente, del PRT-ERP.
* Colección de la revista Estrella Roja, del PRT-ERP.
* Colección de la revista Evita Montonera, de Montoneros.
* Partes de guerra de ERP y Montoneros.
* La voluntad – 5 tomos, Eduardo Anguita y Martín Caparrós.
* Montoneros – Final de cuentas, Juan Gasparini.
* Montoneros, la soberbia armada, Pablo Giussani.
* La otra historia – Testimonio de un Jefe Montonero, Roberto Cirilo Perdía.
* El furor y el delirio, Jorge Masetti.
* Diario de un clandestino, Miguel Bonasso.
* Confesiones de un Montonero, la otra cara de la historia, Eugenio B. Méndez.
* Hombres y mujeres del PRT-ERP. La pasión militante, Luis Mattini.
* Todo o nada, María Seoane.
* Galimberti, Marcelo Larraquy y Roberto Caballero.
* Montoneros, Soldados de Menem, ¿Soldados de Duhalde?, Viviana Gorbato.
Tampoco pueden dejar de consultarse las obras que, desde una visión conceptual opuesta a la guerra por ellos desatada, han tratado de difundir “la cara oculta de la verdad”, aquella que la desinformación encubrió, obras que, en un principio, circularon limitadamente y con dificultad (y hasta con censura) en el ámbito público. Entre ellas:
* Terrorismo. La red internacional, Claire Sterling.
* La otra parte de la verdad, Nicolás Márquez.
* Los 70 – Violencia en la Argentina (Ed. Círculo Militar).
* In Memorian, Tomos I, II y III (Ed. Círculo Militar).
* Subversión: la Historia Olvidada (Ed. AUNAR).
* Por amor al odio, Tomos I y II, Carlos M. Acuña.
* Con sus propias palabras, Norberto A. López,
* Definitivamente... nunca más (La otra cara del informe de la CONADEP), Ed. FORES, Horacio M. Lynch y Enrique V. Del Carril
* Guerra revolucionaria en la Argentina (1959–1978), R. Díaz Bessone
* Verbitsky–De La Habana a la Fundación Ford, Carlos M. Acuña.
* Soldados de Perón, los Montoneros, Richard Gillespie.
* Cuadernos Rojos – Revolución Marxista en América, Enrique Díaz Araujo.
* La mentira Oficial, Nicolás Márquez.
* Nadie fue, Juan B. Jofre.
Interesante resulta también revisar los Diarios de Sesiones de la época en ambas Cámaras del Congreso, como señaláramos más arriba, para conocer las cambiantes posturas y discursos de los legisladores de entonces en cada circunstancia, muchos de los cuales hoy, con la complicidad actual de considerables medios de comunicación, teorizan sobre la época con la misma “amnesia” que afecta a gran parte de la sociedad. Nadie se siente responsable por la generación de la crisis de los años 70, pero estamos seguros que serían muy pocos aquellos dirigentes que podrían resistir la coherencia del menor de los archivos, incluyendo cierta clase de periodistas y medios de prensa, así como el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en el que se destacó el Padre Mugica, muerto por los mismos subversivos en ocasión de su público arrepentimiento.
Tampoco debe olvidarse la revisión de las hemerotecas de los principales diarios y revistas de la Capital Federal e interior del país. Esas ediciones mostrarán descarnadamente, día a día, “la otra parte de la verdad”.
Un modelo ejemplar de ello resulta la edición especial de la revista Gente del 24 de marzo de 1976, que lleva por título ”25 de Mayo de 1973 – 24 de marzo de 1976. FOTOS – HECHOS – TESTIMONIOS de 1.035 Dramáticos días” (imperdible).
EPÍLOGO
Los esquemas de la interpretación de la historia deben inspirar la educación ciudadana con un balance sereno y racional, una visión histórica completa, equilibrada y veraz de lo que realmente ocurrió. La historia no admite fragmentaciones interesadas; es necesario iluminar todos sus recovecos para, así, extraer todas sus enseñanzas. Debemos entender globalmente el conflicto. La verdadera historia no se puede negar y tarde o temprano se irá haciendo más nítida y se impondrá sobre la falsedad. Los hechos desenmascararán a las utopías y a los mitos voluntaristas. La verdad histórica podrá ser retrasada pero no negada.
El pretendido encubrimiento sistemático del período anterior a 1976, alentado por grupos que falsean la verdad histórica de la guerra interna padecida, sin reconocer las responsabilidades tanto de los integrantes de los grupos terroristas y sus violaciones a los derechos humanos, como las propias de la dirigencia política y jurídica de entonces que abrió caminos legales a la violencia terrorista, nos dejará anclados en un pasado insanablemente falso y no ayudará a cerrar heridas ni a obtener la buscada concordia y la convivencia en paz. Por el contrario, generará resentimientos y reacciones con exponenciales consecuencias, que llevarán a provocar nuevas rupturas y desgarramientos en el tejido social argentino, realimentando rencores y enfrentamientos ideológicos –que ya debieron haber sido superados–, reabriendo grietas y recreando bandos.
Hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo de todos estos hechos dolorosos, el país necesita construir un camino de concordia a partir de la verdad, rigurosa, sin dobleces y sin trampas. Pero para ello es necesario aclarar definitivamente cómo sucedieron los hechos, identificar y juzgar a todos sus responsables, sin excepción, y urgir las causas que deben establecer las responsabilidades de los funcionarios que, por acción u omisión, contribuyeron a ese estado de cosas. Así podrá mirar hacia el futuro, manteniendo viva la memoria pero enterrando los odios y sin que ningún sector pretenda extraer ventajas políticas ocasionales de lo que fue causa de tanto dolor y de tanto derramamiento de sangre.
Decía Alejandro Graham Yooll en un artículo periodístico: No es que todo se haya podrido de golpe en la década del 70 y que la crueldad haya aparecido de la nada. El discurso de hoy es todavía estridente: hay muertos malos y muertos buenos. No debería ser así. La única forma de entender lo que nos pasó es reconociendo lo que hicimos como sociedad. (79)
Para que emerja la completa verdad, tenemos que batallar y generar un clima de debate que permita hacer la defensa institucional, porque hoy, la Argentina, como anestesiada, sigue públicamente recordando sólo una parte de la historia. La realidad es una aunque las interpretaciones que de ella pueden hacerse sean variadas.
Unas serán objetivas, completas, rigurosas y de buena fe. Otras serán subjetivas, parciales, simplistas, sesgadas y de mala fe. La complejidad de cada época –como en toda realidad humana– y la absoluta falsedad de los monismos causales y de los determinismos fatalistas, obligan a discernir la apariencia de la realidad, además de evitar la confusión entre causas y efectos. Las ideas sobre el terrorismo no son prejuiciosas, sino que están basadas en hechos reales y existentes.
Debemos hacerlo en homenaje a los centenares de personas asesinadas, secuestradas o torturadas por el terrorismo subversivo que no merecen el olvido, olvido del que es necesario rescatarlas para una memoria completa de los argentinos. También como homenaje a sus familiares que pasivamente están soportando una reivindicación del terrorismo que segó esas vidas, y para honrar el sacrificio de nuestros muertos en acción y de todos los que combatieron al terrorismo convencidos que lo hacían dentro de un esquema institucional.
El principal frente de batalla es y será la opinión pública, porque en definitiva es en la sociedad donde yace la responsabilidad y la voluntad para el cierre de esta dramática época de nuestra historia. En su seno habrá que luchar muy duro para que la verdad no resulte cadáver porque, como decía Emile Zola en un pasaje de su documento “J´accuse”, [...] No quiero que mi país quede hundido entre la falsedad y la injusticia. Como han advertido Juan Pablo II y Benedicto XVI, es necesario condenar los fundamentos morales del terrorismo y comprender que sólo se restablece el orden quebrantado conjugando entre sí la justicia y el perdón. Sólo así comenzaremos a transitar el camino hacia el futuro.
Las soluciones para cerrar el pasado de violencia nunca podrán satisfacer a todos. Esta clase de salidas no son fáciles ni perfectas y tienen que desarrollarse en el campo de lo posible. Para eso está la política. Para eso el Poder Legislativo en su oportunidad, y con una clara mayoría, sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con un espíritu de amplia amnistía. No habrá pacificación posible mientras el pasado se transforme en el conflicto del presente, ni podrá decirse que habrá verdadera justicia en tanto persista la impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo. Entre esas realidades, la política tiene que encontrar un camino intermedio y ésta es la tarea de la dirigencia argentina hoy, a tres décadas del período más violento que vivió nuestro país en el siglo XX.
Decía el diario La Nación el 24/05/05: Ante tanta sangre derramada debe primar el respeto por todo el dolor y por todos los muertos y, fundamentalmente, la responsabilidad para no confundir nuevamente a los jóvenes con fallos tolerantes de lógicas violentas. Si el camino elegido es juzgar y no seguir senderos de reconciliación, juzguemos a todos los culpables, sin recurrir a argumentos insostenibles que agravian la equidad, la Justicia y la verdad histórica, y menosprecian la elevada misión del Poder Judicial.
¿Por qué escribimos esto?... Para que la verdad no muera y porque, como decía Aristóteles (384/322 a.C.): No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad.
Buenos Aires, enero de 2007.
*Nota: las negritas son de nuestra autoría.
(1) La Nación Revista, 29/06/03.
(2) La Sentencia, Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa 13 de 1984; considerandos, Tomos I y II, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987.
(3) Sostenía Gramsci que esa estrategia no era apropiada en países avanzados como Italia. En ellos, decía, la escalera hacia el poder debía suministrarla el giro cultural de la porción más sofisticada de la clase media: los intelectuales, los universitarios, los maestros, los artistas, los periodistas y hasta los hijos de la clase adinerada. Era a través de ellos que la
izquierda debía progresar en Occidente.
(4) FORES, Definitivamente... Nunca más (La otra cara del informe de la CONADEP), Ed. FORES, Buenos Aires, 1985.
(5) Marías, Julián, diario ABC, 22/11/2001.
(6) Balestra, René, La Nación 15/08/03.
(7) Gorbatto, Viviana, Montoneros, Soldados de Menem, ¿Soldados de Duhalde?, Sudamericana, BA, 1999, págs. 97 y 98.
(8) Giussani, Pablo, Montoneros, final de cuentas, Ed. De La Campana, Bs. As., 1999, pág. 29.
(9) Kovadloff, Santiago, La Nación, 12/03/04.
(10) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 29.
(11) Decreto 2772 (6/10/75).
(12) Documento “Una luz para reconstruir la Nación”, III.30, Comisión Episcopal Argentina, 12/11/05.
(13) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, págs. 19, 28 y 29.
(14) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004, pág. 123.
(15) La Nación Cultura, 7/06/06.
(16) La Nación, 31/05/05.
(17) Jaunarena, Horacio, La Nación, 31/07/03.
(18) Pronunciamiento de la Academia Nacional de Derecho, La Nación, 28/08/05.
(19) Pronunciamiento del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, La Nación, 25/06/05.
Bibliografía y fuentes consultadas
(20) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo I, Ed. El Pórtico, pág. 381.
(21) La Nación, 15/06/05.
(22) La Nación, 27/11/05.
(23) La Nación, 19/06/05.
(24) La Nación, 26/06/05.
(25) La Nación, 10/09/06.
(26) Gregorich, Luis, “El peligro de rescribir la historia”. La Nación, 11/07/06.
(27) A vencer o morir PRT-ERP. documentos, D. De Santis, Eudeba, BA, 1998
(28) El combatiente, órgano del ERP, 12/06/74.
(29) In Memoriam, Tomo III, pág. 81
(30) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo I, pág. 370.
(31) Díaz Araujo, Enrique, Cuadernos Rojos – Revolución marxista en América, La Rosa Blanca, Mendoza, 2005, pág. 52.
(32) AUNAR, Subversión, la historia olvidada, BA, 1998, pág. 187.
(33) 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
(34) Las dos grandes potencias se enfrentaron durante la “Guerra Fría” a través de conflictos desatados en los “países periféricos”, que actuaban como “válvulas de escape de presión” para evitar la confrontación nuclear.
(35) Balestra, René, La Nación, 9/04/04.
(36) Vergez, Héctor, Yo fui Vargas, Buenos Aires, 1995.
(37) Programa “El primero de la semana”, América TV, 23/09/96. En un reportaje con el periodista español Jesús Quinteros en su programa “El perro verde” dijo coincidir con el Gral. Videla en que había habido una guerra.
(38) Vigo Leguizamón, Javier, “La memoria ejemplar”, La Nación, 22/03/06.
(39) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004, pág. 156.
(40) Moreno Ocampo, Luis, La Nación, 22/08/03.
(41) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004. El 19 de mayo de 1976, junto a otros 3 escritores, almorzó durante dos horas con el General Videla; “El Gral Videla me dio una excelente impresión...” dijo a los periodistas al salir de la Casa Rosada. In Memoriam T-III, pág. 419. Dijo a la revista alemana Geo en 1977: “...La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos...”. En 1977 hizo el panegírico del golpe del 76 ante los capitanes alumnos de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino.
(42) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004. Editorializó en su diario La Opinión: “Si los argentinos, como se
advierte en todos los sectores –aún dentro del ex oficialismo–, agradecen al Gobierno Militar el haber puesto fin a un
vasto caos que anunciaba la disolución del país, no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que
actúan”. La voluntad, Caparros y Anguita, Tomo 3, pág. 72. En otro del 20 de junio expresaba “En la Argentina de hoy se
libra una verdadera guerra de la cual depende la supervivencia de la Nación, y el restablecimiento de la paz y de la
democracia sólo procederá cuando se extirpe del país a la subversión, pues la subversión es la que comprometió el
futuro de un pueblo industrioso y de una nación próspera”.
(43) In Memorian – Tomo III, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, pág. 419.
(44) Grondona, Mariano, “La falsificación de la democracia”, La Nación, 28/05/06.
(45) Moreno, Julio César, “Los tres demonios”, La Nación, 3/06/06.
(46) Varela, Florencio en prólogo de La otra parte de la verdad, de N. Márquez, BA, 2004.
(47) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo I, El Pórtico, BA, 2000, pág. 108.
(48) La Nación, 19/05/06.
(49) Burzaco, Ricardo, Infierno en el Monte Tucumano, RE Editores, Buenos Aires, 1994, pág. 29.
(50) El combatiente, órgano del ERP, 12/06/74.
(51) Gasparini, Juan, Montoneros, final de cuentas, Ed. de la Campana, Buenos Aires, 1999, pág. 29.
(52) Mendizábal, Horacio, en un reportaje con las revistas Afrique-Asie, Cambio 16 y Proceso.
(53) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 39.
(54) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 42.
(55) Revista Evita montonera, N° 6.
(56) Clarín, 4/07/98, pág. 30.
(57) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo I, El Pórtico, BA, 2000, pág. 256.
(58) Sterling, Claire, Terrorismo. La red internacional, Lasser Press, Buenos Aires,
1982. Ver también: Burzaco, Ricardo, Infierno en el monte tucumano, RE Editores, Buenos Aires, 1994, págs. 127,
128, 129.
(59) R. R. Jiménez era un obrero de la industria azucarera, muerto en un enfrentamiento con la policía. Los obreros
casi nunca integraban los cuadros, por eso, cuando contaban con alguno, trataban de exaltarlo de cualquier manera.
(60) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 18.
(61) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 55.
(62) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 56.
(63) FORES, Definitivamente… nunca más, Ed. FORES, BA, 1985, pág. 69.
(64) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004, pág. 53.
(65) Díaz Bessone, Ramón, Guerra revolucionaria en la República Argentina, C. Militar, BA, 1988.
(66) Varela, Florencio, La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 24/12/05.
(67) Gasparini, Juan, Montoneros, final de cuentas, Ed. de la Campana, Buenos Aires, 1999.
(68) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo II, El Pórtico, BA, 2003, pág. 471.
(69) Avellaneda, Juan M., Bombo, el último guerrillero, Atlántida, Buenos Aires, 1977, pág. 208.
(70) In Memorian, C. Militar, BA, 2000, pág. 628.
(71) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004, pág. 54.
(72) Márquez, Nicolás, La otra parte de la verdad, BA, 2004, pág. 64.
(73) “Las cosas claras”, TV Canal P&E, junio 2005.
(74) Posse, Abel, “Incurables adolescentes de los 70”, La Nación, 12/10/06.
(75) Amnesty Internacional. Corte Penal Internacional, Folleto 4, Enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, 2006.
(76) Informe “Guerra en la Argentina – Acción y práctica del terrorismo para la toma del poder”. Centro de estudios históricos Verdad y Equidad para ser Nación. Bs. As., 2005.
(77) Acuña, Carlos, Por amor al odio, Tomo II, El Pórtico, BA, 2003, pág. 372.
(78) Masetti, Jorge, El furor y el delirio – Itinerario de un hijo de la Revolución Cubana, Tusquets Editores, 1999, pág. 275.
(79) Graham Yool, Alejandro. La Nación, 20/05/06.
